El político y el científico (2 page)

A la asociación política en la que los medios de administración son, en todo o en parte, propiedad del cuadro administrativo dependiente, la llamaremos asociación «estamentalmente» estructurada. En la asociación feudal, por ejemplo, el vasallo paga de su propio bolsillo los gastos de administración y de justicia dentro de su propio feudo, y se equipa y aprovisiona para la guerra; sus subvasallos, a su vez, hacen lo mismo. Esta situación originaba consecuencias evidentes para el poder del señor, que descansaba solamente en el vínculo de la lealtad personal y en el hecho de que la posesión sobre el feudo y el honor social del vasallo derivaban su «legitimidad» del señor.

En todas partes, incluso en las configuraciones políticas más antiguas, encontramos también la organización de los medios materiales de la administración como empresa propia del señor. Este trata de mantenerlos en sus propias manos, administrándolos mediante gentes dependientes de él, esclavos, criados, servidores, «favoritos» personales o prebendados, retribuidos en especie o en dinero con sus propias reservas. Intenta, igualmente, atender a los gastos de su propio bolsillo, con los productos de su patrimonio, y crear un ejército que dependa exclusivamente de su persona porque se aprovisiona y se equipa en sus graneros, sus almacenes y sus arsenales. En tanto que en la asociación «estamental» el señor gobierna con el concurso de una «aristocracia» independiente, con la que se ve obligado a compartir el poder, en este otro tipo de asociación se apoya en domésticos o plebeyos, en grupos sociales desposeídos de bienes y desprovistos de un honor social propio, enteramente ligados a él en lo material y que no disponen de base alguna para crear un poder concurrente. Todas las formas de dominación patriarcal y patrimonial, el despotismo de los sultanes y el Estado burocrático pertenecen a este tipo, especialmente el Estado burocrático, cuya forma más racional es, precisamente, el Estado moderno.

En todas partes el desarrollo del Estado moderno comienza cuando el príncipe inicia la expropiación de los titulares «privados» de poder administrativo que junto a él existen: los propietarios en nombre propio de medios de administración y de guerra, de recursos financieros y de bienes de cualquier género políticamente utilizables. Este proceso ofrece una analogía total con el desarrollo de la empresa capitalista mediante la paulatina expropiación de todos los productores independientes. Al término del proceso vemos cómo en el Estado moderno el poder de disposición sobre todos los medios de la empresa política se amontona en la cúspide, y no hay ya ni un solo funcionario que sea propietario del dinero que gasta o de los edificios, recursos, instrumentos o máquinas de guerra que utiliza. En el Estado moderno se realiza, pues, al máximo (y esto es esencial a su concepto mismo) la «separación» entre el cuadro administrativo (empleados u obreros administrativos) y los medios materiales de la «administración». De este punto arranca la más reciente evolución que, ante nuestros ojos, intenta expropiar a este expropiador de los medios políticos y, por lo tanto, también del poder político.

Esto es lo que ha hecho la revolución, y al menos en la medida en que el puesto de las autoridades establecidas ha sido ocupado por dirigentes que, por usurpación o por elección, se han apoderado del poder de disposición sobre el cuadro administrativo y los medios materiales de la administración y, con derecho o sin él, derivan su legitimidad de la voluntad de los dominados. Una cuestión distinta es la de sí sobre la base de su éxito, al menos aparente, esta revolución permite abrigar la esperanza de realizar también la expropiación dentro de la empresa capitalista, cuya dirección, pese a las grandes analogías existentes, se rige en último término por leyes muy distintas a las de la administración política. Sobre esta cuestión no vamos a pronunciarnos hoy. Para nuestro estudio retengo sólo lo puramente conceptual: que el Estado moderno es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que para lograr esta finalidad ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas.

Ahora bien, en el curso de este proceso político de expropiación que, con éxito variable, se desarrolló en todos los piases del mundo, han aparecido, inicialmente como servidores del príncipe, las primeras categorías de «políticos» profesionales en un segundo sentido, de gentes que no querían gobernar por sí mismos, como los caudillos carismáticos, sino que actuaban al servicio de jefes políticos. En las luchas del príncipe contra los estamentos se colocaron del lado de aquél e hicieron del servicio a esta política un medio de ganarse la vida de una parte, y un ideal de vida, de la otra. De nuevo, es sólo en Occidente donde encontramos este tipo de políticos profesionales.

Aunque sirvieron también a otros poderes, y no sólo a los príncipes, fueron en el pasado el instrumento más importante del que éstos dispusieron para asentar su poder y llevar a cabo el proceso de expropiación a que antes aludíamos.

Antes de seguir adelante, aclararemos lo que la existencia de estos «políticos profesionales» representa desde todos los puntos de vista. Se puede hacer «política» (es decir, tratar de influir sobre la distribución del poder entre las distintas configuraciones políticas y dentro de cada una de ellas) como político «ocasional», como profesión secundaria o como profesión principal, exactamente lo mismo que sucede en la actividad económica. Políticos «ocasionales» lo somos todos nosotros cuando depositamos nuestro voto, aplaudimos o protestamos en una reunión «política» hacemos un discurso «político» o realizamos cualquier otra manifestación de voluntad de género análogo, y para muchos hombres la relación con la política se reduce a esto. Políticos «profesionales» son hoy, por ejemplo, todos esos delegados y directivos de asociaciones políticas que, por lo general, sólo desempeñan estas actividades en caso de necesidad, sin vivir de ellas y para ellas, ni en lo material, ni en lo espiritual.

En la misma situación se encuentran también los miembros de los Consejos de Estado y otros cuerpos consultivos que sólo funcionan cuando son requeridos para ello. Pero no sólo éstos, también son semiprofesionales ciertos grupos bastante numerosos de parlamentarios que solamente hacen política mientras está reunido el Parlamento. En el pasado encontramos grupos de este tipo en los estamentos. Por «estamentos» entenderemos el conjunto de poseedores por derecho propio de medios materiales para la guerra o para la administración, o de poderes señoriales a título personal. Una gran parte de estas personas estaba muy lejos de poner su vida al servicio de la política, ni por entero, ni principalmente, ni de cualquier forma que no fuese puramente circunstancial. Aprovechaban más bien su poder señorial para percibir rentas o beneficios, y sólo desarrollaban una actividad política, una actividad al servicio de la asociación política, cuando se lo exigían expresamente el señor o sus iguales.

Tampoco es otra la situación de una parte de esas fuerzas auxiliares que el príncipe suscitó en su lucha por crear una empresa política propia, de la que sólo él pueda disponer. Así sucedía con los «consejeros áulicos» (Rate von Haus aus) y yendo aún más lejos, con una parte de los consejeros que integraban la «Curia» y otras corporaciones consultivas de los príncipes. Pero a los príncipes no les bastaba, naturalmente, con estos auxiliares ocasionales o semiprofesionales. Tenían que intentar la creación de un equipo dedicado plena y exclusivamente a su servicio, es decir, un grupo de auxiliares profesionales. La procedencia de estos auxiliares, la capa social en donde fueron reclutados, habría de determinar muy esencialmente la estructura de las nacientes formas políticas dinásticas; y no sólo de ellas, sino también de toda la cultura que en ellas se desarrolló. En la misma necesidad se vieron, y con mayor razón, aquellas asociaciones políticas que, habiendo eliminado por entero o limitado muy ampliamente el poder de los príncipes, se constituyeron políticamente en lo que se llaman comunidades «libres»; «libres» no en el sentido de estar libres de toda dominación violenta, sino en el de que en ellas no existía como fuente única de autoridad el poder del príncipe, legitimado por la tradición y, en la mayor parte de los casos, consagrado por la religión. Estas comunidades sólo nacen también en Occidente y su germen es la ciudad como asociación política, la cual aparece por vez primera en el ambiente cultural mediterráneo. ¿Cómo se presentan en todos estos casos los políticos «profesionales»?

Hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive «para» la política o se vive «de» la política. La oposición no es en absoluto excluyente. Por el contrario, generalmente se hacen las dos cosas, al menos idealmente; y, en la mayoría de los casos, también materialmente. Quien vive «para» la política hace «de ello su vida» en un sentido íntimo; o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de «algo». En este sentido profundo todo hombre serio que vive para algo vive también de ese algo. La diferencia entre el vivir para y «el vivir de» se sitúa entonces en un nivel mucho más grosero, en el nivel económico. Vive «de» la política como profesión quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos; vive «para» la política quien no se halla en este caso. Para que alguien pueda vivir «para» la política en este sentido económico, y siempre que se trate de un régimen basado en la propiedad privada, tienen que darse ciertos supuestos, muy triviales, si ustedes quieren: en condiciones normales, quien así viva ha de ser económicamente independiente de los ingresos que la política pueda proporcionarle.

Dicho de la manera más simple: tiene que tener un patrimonio o una situación privada que le proporcione entradas suficientes. Esto es al menos lo que sucede en circunstancias normales. Ni el séquito de los príncipes guerreros ni el de los héroes revolucionarios se preocupan para nada de las condiciones de una economía normal. Unos y otros viven del botín, el robo, las confiscaciones, las contribuciones, o imponiendo el uso forzoso de medios de pago carentes de valor, procedimientos todos esencialmente idénticos. Sin embargo, estos son, necesariamente, fenómenos excepcionales; en la economía cotidiana sólo el patrimonio propio posibilita la independencia. Pero con esto aún no basta. Quien vive para la política tiene que ser además económicamente «libre», es decir, que sus ingresos no han de depender del hecho de que él consagre a obtenerlos todo o una parte importante de su trabajo personal y de sus pensamientos. Plenamente libre en este sentido es solamente el rentista, o sea, quien percibe una renta sin trabajar, ya que esa renta tenga su origen en la tierra, como es el caso de los señores del pasado o los terratenientes y los nobles en la actualidad (en la antigüedad y en la edad media había también rentas procedentes de los esclavos y los siervos), o porque proceda de valores bursátiles u otras fuentes modernas. Ni el obrero ni el empresario (y esto hay que tenerlo muy en cuenta), especialmente el gran empresario moderno, son libres en este sentido. Pues también el empresario, y precisamente él, está ligado a su negocio y no es libre, y mucho menos el empresario industrial que el agrícola, dado el carácter estacional de la agricultura. Para él es muy difícil en la mayor parte de los casos hacerse representar por otro, aunque sea transitoriamente. Tampoco es libre, por ejemplo, el médico, y tanto menos cuanto más notable sea y más ocupado esté. Por motivos puramente técnicos se libera, en cambio, con mucha mayor facilidad el abogado, que por eso ha jugado como político profesional un papel mucho más importante que el médico y, con frecuencia, un papel resueltamente dominante. Pero no vamos a continuar con esta casuística. Lo que nos importa es poner en evidencia algunas consecuencias de esta situación.

La dirección de un Estado o de un Partido por gentes que, en el sentido económico, viven para la política y no de la política, significa necesariamente un reclutamiento «plutocrático» de las capas políticamente dirigentes. Esta afirmación no implica, naturalmente, su inversa. El que tal dirección plutocrática exista no significa que el grupo políticamente dominante no trate también de vivir «de» la política y no acostumbre a utilizar también su dominación política para sus intereses económicos privados. Evidentemente, no se trata de esto. No ha existido jamás ningún grupo que de una u otra forma, no lo haya hecho. Nuestra afirmación significa simplemente que los políticos profesionales de esta clase no están obligados a buscar una remuneración por su trabajo político, cosa que, en cambio, deben hacer quienes carecen de medios. De otra parte, tampoco se quiere decir que los políticos carentes de fortuna se propongan solamente, y ni siquiera principalmente, atender a sus propias necesidades por medio de la política y no piensen antes que nada «en la causa». Nada sería más injusto. La experiencia enseña que para el hombre adinerado la preocupación por la «seguridad» de su existencia es, consciente o inconscientemente, un punto cardinal de toda su orientación vital. Como puede verse sobre todo en épocas extraordinarias, es decir, revolucionarias, el idealismo político totalmente desinteresado y exento de miras materiales es propio principalmente, si no exclusivamente, de aquellos sectores que, a consecuencia de su falta de bienes, no tienen interés alguno en el mantenimiento del orden económico de una determinada sociedad. Queremos decir únicamente que el reclutamiento no plutocrático del personal político, tanto de los jefes como de los seguidores, se apoya sobre el supuesto evidente de que la empresa política proporcionará a este personal ingresos regulares y seguros. La política puede ser «honoraria», y entonces estar regida por personas que llamaríamos «independientes», es decir, ricas, y sobre todo por rentistas; pero si la dirección política es accesible a personas carentes de patrimonio, éstas han de ser remuneradas. El político profesional que vive de la política puede ser un puro «prebendado» o un «funcionario» a sueldo. O recibir ingresos provenientes de tasas y derechos por servicios determinados (las propinas y cohechos no son más que una variante irregular y formalmente ilegal de este tipo de ingresos), o percibir un emolumento fijo en especie o en dinero, o en ambas cosas a la vez. Puede asumir el carácter de un «empresario», como sucedía con el condottiero o el arrendatario o comprador de un cargo en el pasado y sucede hoy con el boss americano, que considera sus gastos como una inversión de capital a la que hará producir beneficios utilizando sus influencias. Ó puede también recibir un sueldo fijo, como es el caso del redactor de un periódico político, o de un secretario de partido o de un ministro o funcionario político moderno. En el pasado, las remuneraciones típicas con que los príncipes, conquistadores o jefes de partidos triunfantes premiaron a sus seguidores fueron los feudos, las donaciones de tierras, las prebendas de todo género y, más tarde, con el desarrollo de la economía monetaria, las gratificaciones especiales. Lo que los jefes de partido dan hoy como pago de servicios leales son cargos de todo género en partidos, periódicos, hermandades, cajas del Seguro Social, y organismos municipales o estatales. Toda lucha entre partidos persigue no sólo un fin objetivo, sino también y ante todo, el control sobre la distribución de los cargos. Todos los choques entre tendencias centralistas y particularistas en Alemania giran en torno al problema de quién ha de tener en sus manos la distribución de los cargos, los poderes de Berlín o los de Munich, Karlsruhe o Dresden. Los partidos políticos sienten más una reducción de su participación en los cargos que una acción dirigida contra sus propios fines objetivos. En Francia, un cambio político de prefectos es considerado siempre como una revolución mucho mayor y arma mucho más ruido que una modificación del programa gubernamental, que tiene un significado casi exclusivamente fraseológico. Ciertos partidos, como, por ejemplo, los americanos, se han convertido, desde que desaparecieron las viejas controversias sobre la interpretación de la Constitución, en partidos cazadores de cargos, que cambian su programa objetivo de acuerdo con las posibilidades de captar votos. Hasta hace pocos años, en España se alternaban los dos grandes partidos, mediante «elecciones» fabricadas por el poder y siguiendo un turno fijo convencionalmente establecido para proveer con cargos a sus respectivos seguidores. En las antiguas colonias españolas, tanto con las «elecciones» como con las llamadas «revoluciones», de lo que se trata siempre es de los pesebres estatales, en los que los vencedores desean saciarse. En Suiza los partidos se reparten pacíficamente los cargos en proporción de sus respectivos votos, y algunos de nuestros proyectos constitucionales «revolucionarios», por ejemplo, el primero que se confeccionó para Baden, quisieron extender este sistema a los cargos ministeriales, tratando el Estado y los cargos estatales como si fueran simplemente instituciones para la distribución de prebendas. Sobre todo el partido del Centro (Zentrumspartei) se entusiasmó tanto con el sistema que, en Baden, convirtió en principio programático la distribución proporcional de los cargos entre las distintas confesiones, es decir, sin tomar en consideración ni siquiera el éxito de cada partido. Con el incremento en el número de cargos a consecuencia de la burocratización general y la creciente apetencia de ellos como un modo específico de asegurarse el porvenir, esta tendencia aumenta en todos los partidos que, cada vez más, son vistos por sus seguidores como un medio para lograr un cargo.