La CIA en España (12 page)

Nueve años antes, en diciembre de 1975, William Colby, jefe saliente de la CIA, había prestado declaración ante la Comisión Church del Congreso norteamericano, durante una comparecencia relacionada con las actividades de su servicio de inteligencia en algunos países europeos. La Comisión investigaba los métodos sucios de actuación de la Agencia y tenía especial interés en conocer lo ocurrido a partir de 1972 en Italia, donde la CIA «ayudaba» económicamente a los partidos políticos de derecha y estaba implicada en numerosas actividades criminales. George Bush, el primero de los dos presidentes de Estados Unidos con el mismo nombre, presente en la sala donde declaraba Colby, comentó: «No se pueden excluir otros acontecimientos semejantes cuando eso fuese requerido por exigencias de la seguridad de Estados Unidos».

Durante los últimos años de la dictadura y a lo largo de toda la Transición, España se convierte en refugio de ultraderechistas de diversos países. El núcleo más importante lo constituyen los fascistas italianos, que aquí disfrutan de protección policial y capacidad operativa para organizar con tranquilidad sus atentados. Cómodamente asentados en Madrid, trabajan para la Policía española y no cesan de cometer acciones criminales en su país de origen.

Tras fugarse de su país, los neofascistas italianos llegan primero a Barcelona y después a Madrid. Los primeros que les apoyan son los falangistas Alberto Royuela y Luis Antonio García Rodríguez, y otros miembros de la Guardia de Franco. Gracias a éstos, la Ciudad Condal se convierte en la puerta de entrada para los terroristas evadidos de Italia, el primer puerto en el que recalan antes de trasladarse definitivamente a Madrid. La trayectoria de todos ellos es muy similar. Por ejemplo, Giuseppe Calzona pertenece, desde su juventud, a los grupos ultraderechistas italianos. Abandona su país cuando la justicia del país trasalpino le condena a diecisiete años de cárcel y viene a refugiarse a España. En 1973 llega a Barcelona, donde se pone en contacto con otros compatriotas suyos miembros de la Internacional Negra, como Stefano della Chiae, Cicuttini y Carnasi. Tras conseguir un pasaporte falso, a nombre de Mario Letti, se traslada a Madrid y alquila un piso en la calle de Valmayor, donde se establece el cuartel general de la Mafia ultra italiana en España. Como cobertura de sus actividades, Calzona y otros fascistas italianos abren la pizzería El Appuntamento, en la calle de Marqués de Leganés, 6, junto a la Gran Vía, a la que comienzan a acudir con frecuencia también otros destacados miembros del fascismo internacional, como Giancarlo Rognoni, Salvatore Francia, Elio Massagrande y Jean-Pierre Cherid. Varios de ellos participan en los hechos de Montejurra, en 1976.
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La colaboración del principal cabecilla del grupo, Stefano della Chiae, con los servicios de información dirigidos por el teniente coronel San Martín y con el comisario general de Información Roberto Conesa queda acreditada por numerosas informaciones judiciales. Las investigaciones del juez italiano Pier Luigi Vigna desvelan el poder de la trama italiana ultra en la España de los años setenta: «Los servicios secretos españoles utilizaron a exponentes radicales y violentos de los grupos italianos en las provocaciones ultras de los primeros años de la Transición. Policías de la entonces Brigada Político-Social de Madrid frecuentaban la pizzería El Appuntamento, donde se reunían los italianos, buscando mercenarios para llevar a cabo provocaciones y atentados ultras».

Mario Ricci, Pier Luigi Concutelli, Mario Tuti, Elio Massagrande, Cario Cicuttini y muchos otros se convierten en confidentes y colaboradores de los servicios de seguridad españoles. Comienzan a intensificar sus acciones en los tiempos en que Manuel Fraga es ministro de la Gobernación. Participan en los sucesos de Montejurra, en el atentado de
El Papus
, en la matanza de Atocha y en otros muchos hechos sangrientos. Su intervención en la guerra sucia contra ETA es muy importante y la colaboración de algunos de ellos con la Policía española se prolonga hasta mediados de los ochenta, en la época de los atentados de los GAL. Lo mismo que la de antiguos miembros de la OAS, como Jean-Pierre Cherid, que muere el 19 de marzo de 1984, en Biarritz, al explotarle el artefacto que manipula para atentar contra un refugiado vasco. La familia del mercenario llega a reclamar una pensión al Ministerio del Interior, y la solicitud se hace por medio de un conocido policía en excedencia: José Antonio González Pacheco, «Billy El Niño».

Otro capítulo especialmente turbio de la Transición española es la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. En esa ocasión, como en tantas otras, se da carpetazo al asunto sin descubrir quién hay detrás de los autores materiales del atentado, con capacidad real para auspiciar tan terrible atentado. También queda sin aclarar cuál es el origen de las armas empleadas y si algún ultra italiano participa en los hechos. Los abogados supervivientes sólo recuerdan haber visto a dos asesinos, los españoles García Juliá y Fernández Cerrá, y se acredita que en el descansillo les esperaba Fernando Lerdo de Tejada, pero es posible que fuera del despacho hubiera alguien más. Declaraciones del ultraderechista italiano arrepentido Calore llevan, en 1982, a la detención del militante de Avanguardia Nacionale (el cabecilla era Della Chiae, que estuvo en Montejurra y en numerosos episodios de la Transición), cuyas confesiones arrojan luz sobre la implicación de los italianos en las tramas negras de la Transición española. Uno de los elementos clave es Cario Cicuttini Filiputti, peligroso ultraderechista que continúa viviendo en España y estuvo casado con la hija del general Fontanals Armengol, un militar vinculado durante años a los servicios de información.

Las pruebas periciales de balística, realizadas por expertos policiales, no son concluyentes para determinar el origen de los proyectiles utilizados en la matanza de Atocha. Los abogados supervivientes hablan de que Fernández Cerra llevaba un «pistolón», que disparaba con gran rapidez, lo que encaja con la teoría de que el arma utilizada era un subfusil Ingram Marietta que había pertenecido a la Policía española y que formaba parte de un lote que fue desviado por los servicios de información de Carrero hacia la ultraderecha italiana. Con una de las mariettas de esa partida asesinó el ultra Pier Luigi Concutelli al juez italiano Vittorio Occorsio el 10 de julio de 1976.

El inspector de policía Juan José Medina sostiene que «las pruebas periciales que practicó la policía científica sobre las armas de Atocha se hizo sólo con las municiones, con las balas obtenidas, nunca con las armas, pero en cierto momento el informe dice que la cadencia de disparo no puede pertenecer a una pistola normal, sino que debía ser un arma ametralladora y de las características de la Ingram Marietta, puesto que la munición era también de 9 milímetros Parabellum». Continúa el inspector Medina:

Tuvimos poca colaboración y nos resultó muy difícil hilvanar la investigación, pero los ultras italianos de la época aparecieron en todos los hechos de aquellas mismas características que se produjeron en España. Además, nosotros tuvimos constatación oficial, por un funcionario de policía, de su conexión con lo de Atocha. Pero la verdad es que no lo sabremos con exactitud, al menos yo. Nosotros fuimos apartados de una forma brusca y violenta, no sólo de esa investigación concreta sino también de algunas otras. Casi todas ellas relacionadas con el mismo entorno. De pronto parece ser que en el Ministerio del Interior se despertó una especie de conciencia de no acosar a nadie. Se nos debería haber avisado antes de hasta dónde se querían llevar las investigaciones. Yo ya tenía previsto un viaje a Italia para entrevistarme con el juez Vigna, que llevaba la investigación de la muerte del juez Occorsio. Aquellos eran unos años muy difíciles de la lucha contra ETA y el gobierno socialista trataba de no hacer lo mismo que había hecho el gobierno anterior, pero quizá se veía obligado por el mismo sistema a continuar determinadas acciones y lo que menos le interesaba en ese momento, posiblemente, era destapar una trama más amplia en la cual hubiera implicado algún otro funcionario o alguna otra instancia.
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Es el año 1983, con el PSOE ya en el poder y José Barrionuevo y Rafael Vera en el Ministerio del Interior. Bajo las órdenes del subcomisario Mariano Baniandrés, jefe de la entonces llamada Brigada Antigolpe, el inspector Medina sigue la «pista de las mariettas». Ambos son cesados antes de que puedan concluir su investigación, pero llegan a reconstruir el itinerario de las tres mariettas. Eran subfusiles Ingram, modelo M-19, de 9 milímetros Parabellum, pertenecientes al Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, entonces dirigido por el coronel Andrés Cassinello Pérez. Las mariettas han sido compradas por la Policía española a la fábrica Military Armament Corporation, de Atlanta (Estados Unidos). El inspector Medina es destituido justo cuando va a viajar a Roma para mostrarle a Concutelli fotos de varios miembros del SECED, con la intención de que el ultra derechista reconozca a la persona que le ha dado el arma. Los jueces Pier Luigi Vigna, de Florencia, y Alberto Macchia, de Roma, dedicados durante años a investigar la subversión fascista italiana y sus conexiones con el extranjero, declararon al diario
Il Messaggero
que, a partir de las declaraciones de un terrorista italiano arrepentido, que está colaborando con la justicia, han llegado a la conclusión de que un neofascista italiano ha participado en el ametrallamiento al grupo de abogados de la calle de Atocha el 24 de enero de 1977. Y recuerdan que las autoridades españolas nunca han respondido a los magistrados italianos cuando éstos han preguntado «cómo se explica que el jefe militar de Ordine Nuovo, Pier Luigi Concutelli, tuviera en su poder, al ser detenido en Roma, la metralleta Ingram M-10, conocida como marietta, el mismo tipo de arma que sirvió para asesinar a los abogados españoles».

Uno de los hombres de los servicios de inteligencia españoles más vinculados a la CIA y también más implicados en la lucha contra ETA, en todas sus vertientes, es el teniente general Andrés Cassinello Pérez. Cerebro del llamado «GAL verde», llega a ser procesado por algunas acciones criminales de este grupo parapolicial, como los asesinatos de Ramón «Kattu» Oñaederra, Vicente «Peru» Perurena, y Ángel «Stein» Gurmindo y Christian Olazcoaga, y por el asesinato frustrado de Claude Olazcoaga. Su nombre aparece, además, relacionado con escuchas a políticos y con temas tan oscuros como el «síndrome tóxico», la red «Gladio» o la matanza de Atocha. Sucesivamente ocupa los puestos de director del SECED, subdelegado de la Lucha Contraterrorista en el País Vasco y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

Cassinello constituye un ejemplo diáfano de oficial español de inteligencia formado en Estados Unidos. Su inicial carrera en los servicios secretos del franquismo arranca en el Centro de Guerra Especial de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Esta academia forma parte de la Escuela de Ayuda Militar John F. Kennedy y es uno de los lugares clásicos de formación de militares latinoamericanos implicados en golpes de Estado. Según se define en sus estatutos, el centro está dedicado a la enseñanza de la «doctrina de guerra psicológica y no convencional». Cassinello se diploma en los cursos de
Counterinsurgency and Special Warfare Staff Officer y Counterinsurgency Operations
. Alumno aplicado, allí toma contacto con oficiales de países de la OTAN y de ejércitos sudamericanos y asiáticos.

Cuando regresa a España, Cassinello publica las enseñanzas recibidas en Estados Unidos. En ocasiones, párrafos enteros calcados de los manuales que le han suministrado. Con todo ello elabora el libro titulado
Operaciones de guerrillas y contraguerrillas
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una obra que no tiene desperdicio, en la que se habla de «los rojos españoles» y se dedican capítulos íntegros a la «Sintomatología de la subversión comunista». El programa de actuación que propone está dividido en varias fases e incluye las «acciones a desarrollar por los órganos de investigación e información y por el propio gobierno en cada una de las fases».

Este recetario de la represión lo publica, en 1966, la empresa editora Compañía Bibliográfica Española S.A., cuyo consejo de administración preside entonces el general de división José Lacalle Larraga. Andrés Cassinello es una pieza clave en la estructura de los servicios de información españoles a partir de los años setenta. Desde su fundación, en marzo de 1972, se integra en el servicio de información de Luis Carrero Blanco. Antes había formado parte de su organismo precursor, la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional) . Abandona momentáneamente el SECED por discrepancias con su jefe, el teniente coronel San Martín, y después regresa bajo el mando del comandante Juan Valverde. Con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno llega a ser el último director de este servicio, desde 1976 hasta noviembre de 1977, cuando se reestructuran los servicios de información españoles y se crea el CESID. A lo largo de toda esa etapa, no exenta de altibajos, Cassinello tiene aún la oportunidad de exponer en otro libro las doctrinas norteamericanas sobre contrainsurgencia. Así lo hace en
Subversión y reversión en la España actual
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todo un manual contra los brotes democráticos que empiezan a florecer un año después de la muerte del dictador. En esta ocasión, Cassinello se oculta tras el imperial seudónimo de Carlos I Yuste para firmar el libro.

De todos los militares formados en Estados Unidos, Andrés Cassinello resulta, por la importancia de los puestos que llega a ocupar, uno de los alumnos de los que más orgullosos se pueden sentir sus maestros de Fort Bragg, el centro que el ex agente de la CIA Víctor Marchetti define, en su obra
La CIA y el culto al espionaje
, como el lugar donde se realiza «la enseñanza de técnicas paramilitares a nivel de perfeccionamiento». Antes de llegar a la jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil, Cassinello es el director del servicio de información de este cuerpo policial militarizado.

El propio Cassinello es quien dibuja los bocetos del sello distintivo de los GAL y uno de los principales impulsores de la «guerra sucia» contra ETA en el País Vasco y el sur de Francia. Sin embargo, se acobarda y no está dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde cuando su fiel subordinado Rodríguez Galindo es condenado por los secuestros, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala. En octubre de 1986 publica un artículo en ABC, titulado «A la señoría que corresponda», en el que, tras criticar a políticos, jueces, empresas periodísticas y profesionales de la información, concluye: «De verdad, señoría, les he llamado gilipollas y les he mandado a tomar todos los vientos. Le juro que me he quedado corto». Dos semanas después es nombrado comandante general de Ceuta. Y culmina su carrera llegando hasta el punto más alto del escalafón: el 22 de abril, el Gobierno de Felipe González le asciende a teniente general y le nombra capitán general de la Región Pirenaica Occidental, que incluye parte de Castilla y León, Navarra y... el País Vasco.