La CIA en España (7 page)

El encargado de negocios de Estados Unidos en Madrid, Paul Culbertson afirma que «son unos insensatos los monárquicos que se me acercan a pedirme que Norteamérica asfixie económicamente a España. Si eso ocurriera, caería Franco, pero la monarquía no recogería la herencia. Lo que tiene que hacer el Rey es ponerse de acuerdo con Franco».
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Martín Artajo y el entonces director del Instituto de Cultura Hispánica, Joaquín Ruiz Giménez, mantienen una entrevista con Culbertson en la que ambos le dan toda clase de seguridades sobre la vocación proamericana del Gobierno español y le recalcan que el régimen es profundamente «anticomunista», por lo que, en caso de conflicto norteamericano-soviético, España siempre estaría al lado de Estados Unidos.

Franco, en persona, le explica a Culbertson su posición, planteándole que España ha sido estrictamente neutral desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que no ha obtenido ni reclamado por ello ningún beneficio territorial, a pesar de las promesas de Churchill y Eden sobre Gibraltar. También le asegura que los exiliados son libres de volver cuando quieran y le explica que el programa de su Gobierno tiene un carácter «social» y persigue ampliar la estructura educativa, cívica y política del país. Culbertson se queda entusiasmado: «Franco es un hombre sincero y honrado consigo mismo. Está convencido de que lo que hace es para el beneficio del pueblo español».

El nuevo encargado de negocios es un anticomunista de la línea dura y en sus informes sostiene que la oposición interior es la culpable del endurecimiento del régimen: «Sin más que oposición a su alrededor, Franco sólo tenía dos alternativas: suicidarse o tirar de las riendas de la dictadura». Culbertson también está convencido de que la Iglesia católica no está dispuesta a apoyar ningún cambio. Ni el Vaticano, ni la jerarquía española. El funcionario norteamericano se inclina por la «evolución como término opuesto a revolución». Opina que a Franco

se le pide que cambie un pájaro que tiene en la mano por ciento que aún están volando, por lo que es de suponer que quiera saber más de esa bandada de pájaros, y si las seguridades que pueden dársele son suficientes, creo que se mostraría interesado. Nadie puede rehusar una mano amistosa que le saque del sumidero en el que ahora se encuentra, y eso a pesar de que parece creer que ha sido el elegido por un algo superior para conducir a España y a los españoles hasta la luz. Tengo el presentimiento de que, con todo, querrá volver a poner los pies en el suelo. Es muy posible que se comportara así si, ante la perspectiva de un desastre económico, se diera a España ayuda material verdaderamente significativa, evitando de esa manera una catástrofe tanto política como económica.

El propio Franco realiza unas declaraciones al corresponsal diplomático de
Newsweek
, la revista oficiosa de la CIA, el 22 de noviembre de 1948, que levantan una gran polvareda en el exterior. En ellas afirma que, de no haber sido por la intromisión británica, se habría llegado a un acuerdo con Estados Unidos hace tiempo. Insiste en que resulta imposible mantenerse neutral en esos tiempos y se muestra dispuesto a liberalizar el país, en la medida «compatible con la seguridad y el bienestar». «Es cierto que nuestros obreros no pueden ir a la huelga, pero simultáneamente el gobierno trata de darles incluso más ventajas de las que recibirían vía huelgas.»
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Las consideraciones que el activo Paul Culbertson transmite a sus superiores encuentran eco en las palabras que el senador Gurney pronuncia tras la visita de una misión militar norteamericana a España: «Todos los que se resisten al comunismo deben comprender el interés por hacer entrar a España en el seno de las Naciones Unidas». Una creciente corriente de simpatía hacia el régimen franquista comienza a recorrer desde ese momento los medios financieros, políticos y militares norteamericanos.

El siguiente paso de Culbertson es la recomendación a su Gobierno de que se ofrezcan a España créditos similares a los habilitados por Estados Unidos para otorgárselos a otros países europeos. La respuesta del secretario de Estado Dean Acheson es inmediata: España los puede pedir. El mismo Truman puntualiza que el hecho de que España no se beneficie del Plan Marshall no implica que le estén vedados los créditos de los bancos norteamericanos. A continuación, el Chase National Bank concede un crédito de 25 millones de dólares para la adquisición de alimentos, dado que una de las condiciones impuestas es que los créditos se utilicen para «fines específicos que contribuyan a la rehabilitación económica de España». Los norteamericanos añaden a esta disposición también otras directrices económicas, como la devaluación de la peseta hacia un tipo más realista de cambio con el dólar, mayores facilidades para la penetración del capital extranjero en España y el recorte de las funciones del Instituto Nacional de Industria.

El 3 de septiembre de 1949, el almirante Michael Connelly, comandante en jefe de las fuerzas navales norteamericanas en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, se entrevista con Franco, y en el otoño de ese mismo año, el senador McCarran, miembro relevante del «lobby español» en Estados Unidos, también visita España. En enero de 1950, Dean Acheson declara que está dispuesto a defender ante las Naciones Unidas el regreso a España de los embajadores retirados en 1946. En una carta enviada a Tom Connally, presidente del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, Acheson expone:

Estados Unidos ha cuestionado durante largo tiempo la sabiduría y la eficacia de las acciones recomendadas por la resolución de 1946 ... Retrospectivamente, está claro que tal acción no sólo fracasó en su objetivo, sino que sirvió para fortalecer la posición del Régimen actual ... En ningún sentido significa nuestro voto la aprobación al Régimen de España.
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Desde un punto de vista militar, España es imprescindible para la defensa occidental, y así se lo hace saber a la Casa Blanca, el 8 de mayo de 1950, el almirante Connelly en una comunicación secreta:

El Estado Mayor Conjunto recomienda que, con respecto a España, Estados Unidos presione para la aceptación por parte del Reino Unido y Francia de los objetivos de la política de EE.UU. También recomienda vehementemente que el Departamento de Estado lleve a cabo acciones sin demora para asegurar a EE.UU. y a sus aliados accesibilidad militar y cooperación con España, bien bilateralmente o bien a través de la aceptación por parte de esa nación como firmante del tratado del Atlántico Norte o del tratado de la Unión Occidental. El Estado Mayor Conjunto cree firmemente que debe encontrarse alguna forma para solucionar las objeciones políticas del Reino Unido y Francia a la mejora de las relaciones con España, en particular, dado que la mayoría de las naciones europeas afectadas están de acuerdo en la importancia de los puntos de vista de seguridad y estratégicos de España.
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La cosa está clara. El conflicto de Corea, iniciado en 1950, da lugar a un nuevo planteamiento estratégico por parte de Estados Unidos. Ante una Unión Soviética ya dotada de armamento nuclear, la estrategia de respuesta se centra en la única arma capaz de alcanzar los centros de la URSS considerados vitales: los superbombarderos atómicos de largo alcance. Para asegurar ese alcance se hace ineludible la estructuración de una red de bases sobre la que organizar el Strategic Air Command (Mando Aéreo Estratégico), elemento esencial del poderío nuclear estadounidense. El centro neurálgico en Europa de esa estructura militar se va a situar a muy pocos kilómetros de la capital de España.

«La Junta de Jefes Militares está convencida de que, ante los bien conocidos objetivos del Kremlin y las crecientes capacidades militares de la URSS, la falta de colaboración militar entre los países firmantes de la OTAN y España nos afecta de una manera adversa, no sólo en lo que respecta a la seguridad en Europa, sino también a la seguridad en los Estados Unidos», se señala en un memorándum secreto, de fecha 29 de enero de 1951, dirigido al secretariado ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Además, se afirma que, ante la posibilidad «bastante probable» de que la situación mundial vaya empeorando, la Junta de Jefes Militares cree «que ha llegado el momento de que los Estados Unidos le den más peso a las consideraciones militares en lo que respecta a España. Se trata de utilizar España para la defensa común no sólo de la península Ibérica, pero no sería realista hacerlo sin contar con la información que nos debe proporcionar el propio Ejército español». España les interesa enormemente y consideran que algo tendrán que ofrecer a cambio de su cooperación.

En un documento anterior, de fecha 15 de enero de 1951, también dirigido al Consejo de Seguridad, se señala:

En el caso de un ataque soviético a Europa Occidental, el gobierno español, que ha sido aguijoneado por las naciones occidentales durante años, es perfectamente capaz de ponerse en una situación de neutralidad. Cuanto más se tarde en empezar esta cooperación con España, más estamos alimentando ese sentimiento de neutralidad o, al menos, animando a que los españoles lleguen a poner un precio exorbitante a su cooperación.

Reanudadas las relaciones diplomáticas entre el régimen franquista y Estados Unidos, Truman comienza a estudiar el tema español y, a finales de enero de 1951, el embajador estadounidense en España, Stanton Griffis, recibe información al respecto. Entre sus instrucciones está la recomendación de proponer a Franco un nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con España.
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José Félix de Lequerica, embajador español en Washington, ya ha obtenido, a finales de 1950, la aprobación de una ayuda de 62,5 millones de dólares, con lo que España se convierte en el único país europeo que recibe ayuda norteamericana a través de la ECA (Economic Cooperation Administration) —creada para distribuir las asignaciones del Plan Marshall—, sin haberla pedido oficialmente y sin mediar aún acuerdo bilateral alguno.

Durante su primera entrevista oficial, el embajador Griffis se interesa por el problema de la libertad religiosa en España, una de las obsesiones de Truman, y pasa luego a plantear el deseo de su Gobierno de establecer bases en nuestro suelo. Ante la claridad de la propuesta, Franco manifiesta su desinterés por la recién creada OTAN, pero asegura que estaría satisfecho de suscribir un acuerdo bilateral con Estados Unidos. En el horizonte se vislumbran ya las instalaciones militares de Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza. La creación de la red de bases norteamericanas en España se concebirá, exclusivamente, en función del dispositivo bélico de Estados Unidos en Europa.

En junio llega el almirante Sherman, jefe de Operaciones Navales estadounidenses, para entrevistarse con Franco e iniciar de manera oficial las negociaciones en torno a las bases. La primera entrevista entre el dictador y Sherman tiene lugar el 16 de junio de 1951, y en ella están presentes también el embajador Griffis y el marqués de Prats.

Sherman resume para Franco una versión suavizada de los problemas militares con los que se pueden llegar a enfrentar los dos nuevos aliados en el caso de que se produzcan hostilidades, y comenta brevemente el problema del despliegue de fuerzas aéreas y navales en apoyo de la defensa de Europa Occidental. Luego le anuncia, con prudencia, las necesidades estadounidenses:

Señalé entonces las medidas que parecen necesarias llevar a cabo en la situación actual. Éstas incluyen privilegios de tránsito y de operatividad aérea en España, en el Marruecos español y en Canarias. También señalé nuestra necesidad de fondear en las aguas territoriales españolas en las mismas áreas, así como en Baleares, e indiqué nuestra concepción de las operaciones antisubmarinas y de las operaciones de portaaviones en el Mediterráneo.
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Los aliados de Estados Unidos no tardan en manifestarse en contra de estas conversaciones. Los primeros que lo hacen son los británicos, que se encuentran cada vez más desplazados. El 25 de julio, y ante la Cámara de los Comunes, el secretario de Exteriores británico, Herbert Morrison, afirma haber expresado a las autoridades de Washington «nuestra convicción de que las ventajas estratégicas que se deriven de la asociación de España a la defensa occidental se verán superadas por el perjuicio político que tal asociación puede acarrear a la comunidad occidental de naciones». En el mismo sentido, Francia objeta el desequilibrio de poder en el Mediterráneo y el norte de África que tal alianza puede producir. En el fondo, queda claro que lo que más se teme, tanto por parte británica como francesa, es una retirada estratégica de las líneas de defensa norteamericanas desde el Rhin hasta los Pirineos, simultánea a una «degradación moral» de la Alianza Atlántica.

Para disipar estos temores, el secretario de Estado norteamericano, Acheson, tiene que formular una declaración en torno a los siguientes principios: la OTAN es la piedra capital de la defensa de Occidente, los aliados atlánticos seguirán contando con una «nítida prioridad» en la ayuda estadounidense y Europa Occidental, en ningún supuesto estratégico, se verá abandonada, para su liberación posterior, a favor de una posición de defensa detrás de los Pirineos. El almirante Sherman fallece en Nápoles repentinamente, pero las negociaciones están encarriladas ya por una senda segura y, a finales de agosto, llega a España una nueva misión militar, encabezada por el general de división norteamericano James Spry. Él se encarga de realizar los exámenes oportunos para determinar la posible ubicación de las bases. Desde el comienzo de los contactos, el Pentágono ya ha hecho explícito su interés por contar con una base en las inmediaciones de Cádiz. En otoño llega a España otra misión, ésta económica, bajo la dirección del profesor Sidney Suffrin, para estudiar la situación económica de España y evaluar cuál debe ser el alcance de la ayuda norteamericana, de acuerdo con las necesidades del régimen.

Según publica el
New York Times
del día 31 de agosto, las contrapartidas reclamadas por Franco son las siguientes: un préstamo o subvención para ayuda militar y económica que se añadirá a los 400 millones de dólares pedidos inicialmente; una garantía de que no habrá «interferencia» de Estados Unidos en los asuntos internos españoles, y un acuerdo por el cual no se requerirá que las tropas españolas sirvan fuera de España. Además, en caso de guerra, cualquier ejército occidental que se retire a España quedará de inmediato bajo mando estadounidense o español.