23-F, El Rey y su secreto (35 page)

Pero uno de los actos más sorprendentes de la fase de instrucción giraría sobre el
Informe Jáudenes
y pasaría prácticamente inadvertido. García Escudero lo solicitó al CESID a través del ministro de Defensa Alberto Oliart, y pese a ser una materia clasificada, se le entregó voluntariamente. El instructor llamó a declarar a varios agentes que figuraban en el informe y cuyas declaraciones incorporó al sumario. Y luego, después de analizarlo y tomar notas, lo devolvió al CESID, hurtándolo a las partes, a las defensas singularmente, deshaciéndose de un elemento de prueba que hablaba sobre hechos que iban a ser juzgados, perjudicando gravemente a las partes encausadas. En diferentes sesiones del juicio se pudo comprobar un hecho tan anómalo y jurídicamente irregular, como que el fiscal citara en varias ocasiones las declaraciones que habían prestado algunos agentes del CESID al instructor, especialmente la deposición de Cortina, sin que ninguno de ellos llegara a testificar. Salvo Cortina, claro está, que estaba siendo juzgado. Y de esa manera, el nombre del
Informe Jaúdenes
jamás se llegaría a pronunciar durante el juicio de Campamento.

De forma implícita, García Escudero reconocería que nunca quiso penetrar en la trama obscura del CESID, y dejó suelta esa línea de investigación. En su libro de memorias
Mis siete vidas
, revelaría que procesó a Cortina, «un profesional del camuflaje», y a Gómez Iglesias «a última hora, como consecuencia de la segunda declaración de Tejero». No hay duda alguna de que los miembros del CESID que se sentaron en el banquillo, lo hiceron exclusivamente porque habían tenido alguna relación con Tejero y éste los implicó en el golpe. Por nada ni nadie más. Con razón, García Almenta se permitiría comentar ufano en la AOME que «no hay cojones para procesarme a mí». No tuvo contacto alguno con Tejero. En su libro ya citado, García Escudero dejó escrito que con el protagonismo del CESID, la causa del 23-F entró en un mar de sospechas. «Con ellos [se refiere a Cortina y Gómez Iglesias] entró en la causa una nebulosa de contornos y contenidos inciertos, como era la participación de hombres del CESID en la operación… En la hipótesis más halagüeña para el CESID, la actuación de esta organización en la prevención del 23-F fue cualquier cosa menos brillante, pero había motivos para sospechar que al menos algunos de sus hombres habían hecho algo más grave que no enterarse.» Sorprendente reconocimiento del instructor de la causa, al que quizá le sirviera como descargo de conciencia el plasmarlo en sus memorias,.

Las sesiones de la vista oral se celebraron en el acuartelamiento del Servicio Geográfico del Ejército, en la zona de Campamento, un barrio de la periferia madrileña en la autovía a Extremadura, donde había muchas instalaciones militares ya cerradas. En ese recinto se construyó una sala dotada de estrictas medidas de seguridad. El juicio se celebró entre el 19 de febrero y el 24 de mayo de 1982, en 48 sesiones de mañana y tarde. El órgano juzgador fue el Consejo Supremo de Justicia Militar, el superior castrense competente al ser juzgados varios generales. El presidente del tribunal fue Luis Álvarez, que estuvo asistido por varios consejeros, especialmente por el general De Diego, quien se convertiría en la sombra del tribunal.

A algunos de los encausados, además de sus abogados defensores, les asistieron codefensores militares, como los generales Cabeza Calahorra (Milans), Fernando de Santiago (Ibáñez Inglés) y Carlos Alvarado (Pardo Zancada). Desde el inicio de la vista, los procesados se polarizaron en dos grupos irreconciliables; de un lado, Armada y los miembros del CESID Cortina y Gómez Iglesias, y, de otro, Milans del Bosch y todos los demás. Los tres primeros lo negaron absolutamente todo, en tanto que Milans hablaría de sus conversaciones con Armada y las de éste con los reyes, invocando la necesidad de reconducir cualquier amago golpista y de dar una salida a la crisis política institucional con la formación de un gobierno de concentración nacional presidido por Armada. Figura que había sido bendecida por todos los poderes, y gobierno que había sido consensuado por toda la clase política.

Pero la estrella sin duda alguna fue el teniente coronel Tejero, quién además de ser el SAM para asaltar el Congreso, sería quien en última instancia frustraría la operación al impedir a Armada que accediera al hemiciclo para proponerse como presidente, y «montar» sobre la marcha su propio golpe a la carta. Al deponer sobre sus conversaciones con Cortina y Armada, pronunciaría aquella enigmática frase de «espero que alguien algún día me explique lo que fue el 23-F». Y estaba en lo cierto. Tejero, como tantos otros, jamás se enteró de lo que había sido la operación especial 23-F.

En el juicio, la invocación al monarca —y su negación— fue siempre el hilo conductor. Y no tanto por una cuestión de estrategia de las defensas, sino porque la figura del rey Juan Carlos sería absolutamente fundamental. Nadie de los protagonistas del 23-F se movió sin creer tener la seguridad y la certeza de que la operación contaba con el conocimiento y el respaldo real. Vuelvo a insistir en que sin la figura del monarca no habría habido 23-F, pues fue decisivo para quienes pusieron en marcha el golpe, como igualmente lo fue cuando se decidió a cortar las alas a la operación, con la primera llamada que de madrugada le hizo a Milans, ordenándole que retirara el bando e hiciera regresar las unidades a los cuarteles. Aquel instante justo que marcó el momento decisivo del rey.

A lo largo de las sesiones, se sucedieron una serie de hechos, como el rechazo de casi el 90 por ciento de los testigos propuestos por las defensas, o que se permitiera que muchos testigos declararan mediante certificación escrita; como la JUJEM, los capitanes generales y Fernández Campo; o el plante de los procesados al tribunal y su negativa a entrar en la sala del juicio en protesta por la publicación de un artículo, o que Armada viera frustrada su defensa al no poder hacer uso de la conversación que tuvo con el rey el 13 de febrero de 1981, según el mensaje verbal transmitido desde Zarzuela por el conde de Montefuerte.

Entre otros detalles para el anecdotario histórico, sería sonoro el «eres un hijo de puta» de Milans del Bosch dirigido a Armada tras la declaración de éste último. Como bronca fue la reacción de casi todos los procesados a la deposición del general Sáenz de Santamaría, al compararlos con terroristas y secuestradores de aviones que hacían rehenes. Entonces, Milans se erigió en portavoz de todos los procesados para dirigirse al tribunal afirmando que sentía «náuseas y asco» por tales declaraciones, abandonando seguidamente la sala, seguido de casi todos los procesados. Y algo más que capciosa fue la declaración del comandante Cortina, escapista en su testimonio ante el consejo. Sin embargo, poco tiempo después, Cortina llegaría a reconocer a José Romero Alés, uno de sus profesores de la escuela de Estado Mayor —y que con el tiempo llegó a tener mando de capitán general en Canarias—, que «había en aquel momento varias hipótesis y elegimos la que resultaba menos peligrosa.» Como extraña y oportuna sería la enfermedad del presidente Luis Álvarez para quitarse de en medio y ceder la presidencia del tribunal al general Federico Gómez de Salazar, porque «yo no te podía condenar» como años después le reconocería a Armada.

En la sentencia del Consejo Supremo, hecha pública el 3 de junio de 1982, Milans y Tejero fueron condenados a treinta años de reclusión por un delito probado de rebelión militar, mientras Armada lo era a seis años, al igual que Torres Rojas y Pardo Zancada. Sobre el resto de los procesados recayeron condenas menores, siendo absuelto Cortina, pero, curiosamente, no su subordinado Gómez Iglesias, que fue condenado a tres años. Todos los tenientes, así como el capitán Batista, fueron absueltos. Pero el gobierno, que recibió el fallo con sobresalto, dio instrucciones para que se recurriera al Tribunal Supremo. A Calvo Sotelo, la sentencia le había creado una «profunda preocupación», y a Suárez, «desasosiego». También el fiscal y una decena de defensores presentarían recurso. Once días después de la sentencia fueron destruidas con bombas las cuatro sedes operativas del CESID. Lo más probable es que fuera como protesta manifiesta por la absolución de Cortina.

El fallo del Supremo elevó considerablemente las penas para varios de los procesados. Armada fue condenado a treinta años, lo mismo que Milans y Tejero; Torres Rojas y Pardo, a doce; San Martín e Ibáñez Inglés, a diez; Manchado, a ocho, y a seis Mas Oliver. El Supremo confirmó la absolución de Cortina, pero dobló la sentencia de Gómez Iglesias, que pasó de tres a seis años, condenando a cinco años de reclusión a los capitanes Muñecas y Abad, y entre tres, dos y uno, al resto de capitanes y tenientes. A Camilo Menéndez y a García Carrés les confirmaron el fallo anterior, uno y dos años respectivamente, siendo absueltos los capitanes Batista e Ignacio Román.

Para quienes recibieron una sentencia superior a los tres años, ello supuso la pérdida de la carrera militar, y para Milans, Armada y Tejero, la de grado. Ninguno de los condenados llegó a cumplir íntegramente su pena. El gobierno socialista de Felipe González concedió el primer indulto al capitán Gómez Iglesias el día de Nochebuena de 1984. Milans y Armada permanecieron en prisión siete y diez años, respectivamente. Tejero, con quince años en prisión, fue quién más condena penó.

Otros agentes del CESID que estuvieron vinculados en algún momento con la Operación De Gaulle o que se vieron implicados en su ejecución en el 23-F, pudieron seguir sus carreras profesionales sin problema alguno, alcanzando alguno de ellos grados relevantes y mandos brillantes. Como por ejemplo: José Faura, que llegó a general de Ejército (JEME); Javier Calderón, teniente general; Juan Ortuño, teniente general y jefe del Eurocuerpo, y que como tal fue el máximo responsable de la fuerza internacional de la OTAN en Kosovo; Jesús María Peñaranda, general de división; Francisco García Almenta, general de brigada; y Ramón Tostón, general de brigada.

Cortina pudo continuar su carrera militar. Incluso pudo ascender a general cuando su promoción de la academia general llegó a estar clasificada para el ascenso a general. Por entonces, estaba al frente del mando de personal del ejército el teniente general Calderón, quien le puso encabezando la lista. No ascendería porque el ministro Narcís Serra tachó su nombre de su propia mano. Luego, en 1991, Cortina optó por pasar a la reserva ante el escándalo que se desató al ser acusado de haber filtrado diferentes informaciones a medios de comunicación. Pero Cortina seguiría trabajando en el campo de la inteligencia, especialmente durante las dos legislaturas del presidente Aznar.

Precisamente tras ganar las elecciones el Partido Popular en 1996, Aznar tenía previsto que su ministro de Defensa fuera Rafael Arias Salgado, pero a instancias del rey tuvo que quitarlo de la lista y ofrecer la cartera a Eduardo Serra. Quizá fuera una consecuencia de los efectos colaterales del 23-F, o más probablemente un pacto consensuado entre Felipe González y el monarca. Una garantía de que el asunto del terrorismo de estado de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) no se desvelaría. Pero, sin duda, el hecho más sorprendente sería el nombramiento del general Javier Calderón como director general del servicio de inteligencia. Y de José Luis Cortina como asesor de Presidencia. Con Calderón retornaría al CESID el espectro del 23-F. El nuevo gobierno volvía a poner la seguridad nacional en manos de quienes durante 1980 y 1981 planearon, coordinaron, activaron y ejecutaron la operación especial 23-F.

De ahí que no resultaría muy sorprendente que una de las primeras medidas del nuevo director del servicio de inteligencia consistiera en hacer un ajuste de cuentas. Calderón pudo finalmente llevar a cabo su venganza fría en el tiempo, apartando del servicio a los agentes Diego Camacho y Juan Rando Parra, junto a otros más, al considerarlos «no idóneos» para el servicio. Dichos agentes fueron quienes, en 1981, lejos de plegarse a la consigna del silencio, le exigieron a Calderón que se aclarara cuál había sido la participación en el golpe de diversos agentes de la AOME, y del CESID como servicio de inteligencia.

JESUS PALACIOS, (San Lorenzo de El Escorial, Madrid), es periodista y escritor especializado en Historia Contemporánea. Desde hace más de cinco lustros ejerce el periodismo, actividad que en ocasiones ha interrumpido para dedicarse a la comunicación institucional, social y de empresa. Ha trabajado en diversos periódicos, emisoras de radio y de televisión.

Entre otros libros, ha publicado con gran éxito de ventas:
Los papeles secretos de Franco
(Temas de Hoy);
La España totalitaria
(Planeta);
23-F: El golpe del Cesid
(Planeta),
Las cartas de Franco
(La Esfera de los Libros);
Franco y Juan Carlos. Del franquismo a la Monarquía
(Flor del Viento). Con el historiador norteamericano Stanley G. Payne, reconocido internacionalmente como uno de los mejores hispanistas, ha escrito
Franco, mi padres
(La Esfera de los Libros).

Para televisión ha producido y dirigido varios documentales como
¿Por qué Juan Carlos?
y
Las claves del 23-F
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El general Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, afirmó que «a Jesús Palacios le deberá la Historia de los últimos tiempos muchas aclaraciones que contribuirán a que en el futuro se tenga un concepto más exacto, más neutral y más independiente de lo sucedido en momentos decisivos de la vida de nuestro país».