Don Alfredo (63 page)

Cuando apareció, de manera tan poco ortodoxa, el Colt 32, Carlos Corach y Alberto Kohan volaron a Dolores por orden de Carlos Menem, para confirmarle a la prensa que el caso estaba resuelto, porque se había encontrado el "arma homicida". Martínez Maidana, detenido en la Brigada de Dolores, siguió por televisión las tajantes afirmaciones de Corach y se desesperó. A pocos centímetros de distancia, sobre un escritorio policial, podía ver su viejo Colt, al que no se le había practicado todavía ningún peritaje. Pero los investigadores y el juez estaban complacidos con Prellezo que había declarado: "No hay políticos ni policías involucrados con esta banda". El 14 de marzo el juez Macchi dictó la prisión preventiva para Margarita Di Tullio y los
Pepitos,
basada en el arma y en cuatro testigos que reconocieron a Pedro Villegas como uno de los ocupantes del Fiat Uno estacionado frente a la casa de Diana Solana. La farsa de los
Pepitos
tendría vigencia legal hasta el 29 de abril, cuando la Cámara de Dolores decretó la libertad de Margarita Di Tullio y de Flavio Steck, a las que más adelante se sumarían las de los otros
Pepitos.
Incluyendo a Martínez Maidana. El tribunal de alzada le tiró de las orejas a Macchi por las evidentes anomalías de la instrucción: "Llama poderosamente la atención que el señor magistrado no haya tomado las medidas procesales pertinentes con los funcionarios (policiales) involucrados". Es lo que decían también varios periodistas, que se preguntaban, por ejemplo, por qué Macchi no había investigado a fondo al suboficial mayor Carlos Stoghe, parecido en un 95 por ciento al identikit de uno de los merodeadores de la fiesta de Andreani. Un personaje clave, sobre el cual regresaremos, para entender cómo se fueron borrando las huellas de la pista policial, y, tal vez, las de la verdadera arma homicida que, según una versión, se habría convertido en líquido ígneo en el horno 14 de la vidriería Rigoleau, en Berazategui. Esa pista era, sin duda, la más incómoda para las aspiraciones políticas del Gobernador, que ya había comenzado a insinuar la posible responsabilidad del
Amarillo.

El juez, fiel a sus costumbres, había cajoneado testimonios que involucraban a tres custodios de Yabrán: Juan Carlos Cocina, Rubén Pesaresi y un ex agente del SPF, de apellido Carmona. (¿El Carmona que interrogaba choferes en Bridees?) De momento, la declaración más inquietante para Don Alfredo era la que había brindado, a las cuatro de la madrugada del 21 de febrero, Gabriel Michi, a quien el empresario le iniciaría una querella. Pero ya se había hecho inteligencia sobre los ladrones del barrio platense de Los Hornos. Y el nombre de Gustavo Prellezo figuraba (aunque todavía
sotto
voce)
en el voluminoso expediente. Se estaba por estrenar una nueva película, titulada
Los Horneros.

El tipo pesaba ciento veinte kilos
y se le notaban. Lucía desaliñado y golpeado, con marcas visibles en su cara. Pidió disculpas por su apariencia y se preocupó ostensiblemente por explicar que los golpes se debían a un accidente de moto. Los empleados de Localiza, una firma que alquilaba autos, lo miraron con cierta aprensión, igual que al sujeto que lo acompañaba. Para tranquilizarlos, ambos mostraron sendas credenciales: eran policías de la provincia de Buenos Aires. El gordo se esforzó en explicar que no le correspondía hacer ese trabajo, porque estaba destinado en la Costa, pero sus jefes lo habían enviado a él aprovechando que se encontraba en Buenos Aires por indicación del médico. Por eso, insistió, no habían mandado a otra persona. Luego preguntó por un Ford Fiesta patente AUD 396 y le dijeron que era un auto alquilado por Editorial Perfil. Nada más. El diálogo duró veinte minutos. Pero tal vez sirva para explicar por qué la chapa de latón sobrevivió al fuego. Debía sobrevivir para no demorar la investigación posterior al incendio, porque no interesaba ocultar la identidad del muerto sino exhibirla, y quizá, porque alguien necesitaría una coartada. El gordo y el otro tipo abandonaron el local ubicado en Paraguay 1112 y caminaron por Talcahuano hacia Corrientes. Era el mediodía del 25 de enero de 1997. Apenas seis horas después de que se encontrara el Ford Fiesta quemado. Tiempo suficiente para venir desde la Costa, si ése había sido el caso. Recién a las diez había llegado a la cava uno de los primeros investigadores que luego serían relevados: el comisario Mario Aragón, a cargo de la policía en General Madariaga. Apenas dos horas después, el gordo maltrecho, que estaba en reposo por prescripción médica, se presentaba en Localiza, convertido en vanguardia de la investigación. Tarea que continuaría, pocos minutos después, haciéndose ver en la redacción de
Noticias,
en Talcahuano y Corrientes, donde habría hablado con un custodio de apellido Núñez. El gordo era el suboficial mayor Carlos Roberto Stoghe y tenía un interesante currículum.

Stoghe ingresó a la Policía Bonaerense en tiempos de la dictadura militar. Sólo había realizado estudios primarios. En aquellos años negros prestó servicios en Puesto Vasco, uno de los "chupaderos" de Quilmes que, si bien no tenía gran capacidad para albergar detenidos-desaparecidos, fue un importante centro de inteligencia (tal como consta en el
Nunca más).
Su legajo personal en la Policía, que lleva el número 092.296, registra dieciocho homicidios legales y el triple de felicitaciones. En sus veintiún años de servicio en la fuerza, nunca había estado destinado en la Costa, pero el 6 de diciembre de 1996 se decidió su traslado a la subbrigada de investigaciones, que Klodczyck le había creado a su pollo Salva. Antes había estado en las brigadas de Lanús y Quilmes. Duró poco en la Costa: el 11 de febrero de 1997 lo sacaron y lo regresaron al sur profundo del conurbano bonaerense. En dos décadas sólo pasó cinco partes de enfermo. Dos de ellos se concentraron en fechas sugestivas: el 20 de febrero de 1997 le dieron quince días por síndrome depresivo. El 7 de marzo, como la depresión persistía, le otorgaron otros quince. El 25 de ese mismo mes se vio beneficiado con una licencia por treinta días. Antes, en veintiún años de servicio, sólo había tenido cincuenta días.

El 5 de febrero, Miguel Bogado, el joven custodio de Andreani, miró las fotos que le iban mostrando Fogelman y Viglianco y puso el índice sobre la número dos. Correspondía a Stoghe. Según Bogado, era uno de los ocupantes del Fiat Duna blanco; el tipo que le había dicho con voz muy firme, refiriéndose a sus acompañantes: "... ¿qué pasa? Andan conmigo, ya nos vamos".

Dos días después Stoghe fue llevado a Dolores para un comparendo compulsivo ordenado por el juez Macchi. El magistrado tardó en recibirlo porque estaba reunido con Salva. Cuando por fin pudo declarar, relató —sin mucha precisión— que el 1° o 2 de enero fue trasladado de la brigada de Lanús a la subbrigada de la Costa, con asiento en Mar del Tuyú, donde trabajó a las órdenes del subcomisario Jorge Menno (el mismo que, en julio de 1996, le avisó al comisario Juan José Ribelli la noticia de su pronta detención por el caso AMIA). Pero recordemos que, según su legajo, ese traslado habría sido en diciembre. El viaje lo hizo en una camioneta de su propiedad, marca Dodge, motor Cimarrón gasolero, color blanco y negro, sin caja, modelo 1970, que utilizaba para comprar mercaderías destinadas a un minimercado de su propiedad. Con ese vehículo había regresado un día a su domicilio permanente en el barrio Pepsi de Florencio Varela y nunca más lo había llevado a la Costa. Sabía de lo que estaba hablando: algunos testigos habían visto una Dodge del mismo modelo en la escena del crimen, pero ésta tenía caja y estaba pintada de amarillo. Irónicamente, Stoghe había concurrido a Dolores con la camioneta que estaba pintada de amarillo. También tenía caja, aunque diferente de la del vehículo divisado cerca de la cava. La estructura metálica presentaba una reciente pintada con antióxido. Si el juez o el secretario Mariano Cazeaux hubieran dado unos pocos pasos fuera del juzgado, la habrían visto estacionada. Y, llegado el caso, hasta habrían podido ordenar un peritaje.

El obeso suboficial declaró que su trabajo consistía en "tareas de inteligencia" que practicaba en Villa Gesell, en relación con una investigación sobre dólares falsos y narcotráfico (un metamensaje, dirigido hacia alguien muy poderoso, que el destinatario sólo podía leer de una manera: "Si me dejás en banda, canto todo"). Para algunas cosas, la memoria de Stoghe era pésima: no recordaba si en el muy cercano mes de enero había entrado en Pinamar o no. "Puede que algún día lo hiciera". En cambio, recordó con precisión que los días 24 y 25 había estado en su casa de Florencio Varela y en el minimercado de su propiedad, como lo podían atestiguar algunos proveedores y un mecánico, de nombre Daniel, quien era, casualmente, el que le había hecho ciertos arreglos a la camioneta. Hay quien dice que Daniel fue "apretado". Puede que sí, puede que no. Da igual: el juez Macchi decretó la libertad de Stoghe sin chequear su coartada. Y sin poner suficiente atención en un dato muy sugestivo: en el registro de entradas y salidas de la subbrigada donde Stoghe prestaba servicios, figura que el obeso suboficial salió en comisión la tarde del 24 de enero junto con dos oficiales, uno de los cuales era el inspector Colonese, quien le habría ordenado precisamente realizar averiguaciones en la firma Localiza. Llamativamente, no figura el destino de la comisión ni la hora de llegada. Cuando Macchi lo liberó, Stoghe emergió sonriente del juzgado, se abrió el saco y le mostró a los periodistas su arma reglamentaria, para demostrar que era un simple testigo y que nadie lo había obligado a concurrir. Y, tal vez, para subrayar quién era el amo. En setiembre declararía que alguna gente se había confabulado para perjudicarlo, extorsionarlo y vincularlo con el crimen del fotógrafo. Los complotados —según Stoghe— habían actuado por instigación de la abogada Elba Tempera, que había difundido la confesión de Pedro Avio, y del propio Alfredo Yabrán.

Sin embargo, al margen de presuntas o reales confabulaciones, hay datos que lo asocian recurrentemente con el caso Cabezas. En la investigación paralela sobre el atentado a la AMIA, que llevó a cabo la ya disuelta Comisión de Asesoramiento Técnico (CAT), hay muchas referencias a la banda policial que podría haber estado vinculada con el crimen del fotógrafo. Un informante, que algo tuvo que ver con la masacre de Andreani y huyó al Paraguay para que no lo "cortaran", relató cómo funcionaba "la banda de Quilmes", la banda que hacía más placentera la vida de Ribelli en la cárcel. El buche en cuestión dio datos precisos sobre asaltos en la zona, facilitó un billete de cien dólares falso como prueba de que no hablaba por hablar y acusó al
Cabrito
Stoghe de haber sido el autor material del asesinato de José Luis Cabezas.

Curiosamente, en el noveno piso de la Secretaría de Seguridad bonaerense, en La Plata, algunos "services" encontraron un informe de inteligencia, fechado el 31 de enero donde —entre otras cosas— podía leerse: "que en el transcurso del año 1996 operó en la zona de Avellaneda y Lanús una banda dedicada al robo y la falsificación de dólares, que encontraba apoyo en el ex jefe de la Unidad Regional II de Lanús, comisario retirado Mario Rodríguez. Con el fin de trasladarse a la zona costera los miembros de la banda reclutaron gente de la Policía Bonaerense como el suboficial Carlos Stoghe (a) Bareta, de la zona de Florencio Varela. En la misma organización se halla Carlos López (casualmente uno de los que recibía las llamadas telefónicas de Redruello). Otro participante de la banda sería el oficial principal
Salva.
La banda estaría reclutada por personal policial con apoyo en la Brigada de la Costa y la comisaría de Pinamar. La banda ha trabajado al amparo de Mario Rodríguez. Pueden haber visto perjudicados sus intereses o estarían cumpliendo un trabajo para su jefe". Junto al informe había un billete de cien dólares, idéntico al que había dejado el buche antes de fugarse al Paraguay.

En ese mismo piso noveno apareció un inocente cuaderno Gloria, que la policía usaba como agenda, donde podía leerse: "Asegurarse de que la bala coincida con el arma homicida". Alguien en las alturas lo hizo desaparecer.

La comisión que investigaba el atentado contra la AMIA le entregó al gobernador Duhalde un informe según el cual la banda de marras torturaba a ladrones y asaltantes en una quinta de once hectáreas, ubicada en las cercanías del kilómetro 32 de la ruta provincial número 1. No se sabe qué pasó con ese informe. El 29 de enero de 1998, Stoghe volvió a declarar, pero esta vez en la IX Brigada de Investigaciones de Dolores. Para entonces, aseguran fuentes policiales, se había convertido en asesor de Fogelman en la investigación del caso Cabezas. El suboficial aparece citado en una declaración indagatoria del día 5 de enero donde el jefe de la custodia de Yabrán nombra a Stoghe entre varios policías de la banda que, según Gregorio Ríos, había asesinado a José Luis Cabezas. Unos meses antes, en abril de 1997, Stoghe había sido sobreseído por el juez en lo criminal y correccional de Lomas de Zamora, Miguel Navazcues, en una causa por extorsión donde quedaron "pegados" varios policías.

Stoghe se desempeña actualmente en la Delegación Sur de Investigaciones Complejas y Narcotráfico, donde trabaja a las órdenes del
Vampiro
Carlos Miniscarco, uno de los siete comisarios que secundaron a Víctor Fogelman en la investigación del caso Cabezas y que fueron ascendidos, igual que su jefe. Miniscarco fue, probablemente, el hombre más duro en el
staff
de
Castelli. A él se le atribuye haber logrado persuadir al
Hornero
Gustavo González, tras una semana de interrogatorios (González era el más joven de la banda y el más reacio a colaborar). También Stoghe registró progresos dentro de la fuerza: a fines de 1996 ocupaba el lugar número 00124 del escalafón; a fines de 1997, el 00089.

Cinco días después del crimen de Cabezas, llegó al escritorio del juez Macchi una cinta magnetofónica, con una escucha telefónica ordenada por el juez de San Isidro Juan Mackintach en otra causa. La cinta registraba el diálogo entre el familiar de un detenido y un sospechoso prófugo: ambos sindicaban a Mario
Chorizo
Rodríguez como el autor intelectual del homicidio. El 19 de marzo, un mecánico de identidad reservada declaró ante la fiscal de la causa, María Elena Brignoles de Nazar, que Juan Carlos Salva era el hombre que había disparado contra el fotógrafo. El 1° de abril, un testigo encubierto acusó a Mario Rodríguez y a Mario Naldi de ser los autores intelectuales y señaló a Salva como el autor material. El
Chorizo
prestó declaración en Dolores y a la salida desdeñó las acusaciones con gesto olímpico. "Son pases de factura", comentó, aludiendo —de modo elíptico— a policías que pretendían perjudicarlo. Pero su nombre, como se diría en un informe de
Noticias,
insistía en aparecer en el expediente.