La Casta (25 page)

LOS RETIROS DORADOS DE LA CLASE POLÍTICA

La auténtica vida de los jarrones chinos

«E
nvidio al ex ministro Bermejo porque ya es un ex ministro». El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, contestó así a una pregunta del director de
ABC
, Ángel Expósito. Era febrero de 2009 y pocos días antes su compañero, el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, presentó su dimisión por motivos personales. Bermejo ya era un ex. Ex ministro, ex político. Y Solbes también quería serlo. Normal: el ex comisario de la Unión Europea ya había cumplido los sesenta y cinco años, edad legal para la jubilación, y sabía que al otro lado del túnel laboral le esperaba una pensión acorde con su puesto en la Casta.

Según publicó
El Mundo
en 2007, Solbes compatibilizaba su sueldo como vicepresidente del Gobierno con una pensión vitalicia de 3.735 euros al mes por sus cuatro años y siete meses como comisario de la Comisión Europea. Tras dejar la política en abril de 2009, el responsable de finanzas con el ejecutivo de Rodríguez Zapatero se encontró con un retiro económico de unos 12.000 euros mensuales compuesto por tres conceptos: una pensión de 2.725 euros por sus cuarenta años de funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario y, durante dos años, su compensación como ex ministro, que ronda los 5.700 euros. Cualquiera de esos tres sueldos —que Solbes puede compatibilizar— es varias veces superior a la pensión media española, cifrada en 600 euros. En total, Solbes tenía esperando una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español. El máximo que un trabajador puede cobrar como pensión de la Seguridad Social está cifrado en 33.300 euros al año.

El líder socialista Felipe González definió a los ex presidentes como jarrones chinos: «Nadie lo tira por si vale algo, pero estorba en todas partes». El símil fue efectivo para definir su situación dentro del PSOE, pero dista mucho de la realidad para aquellos que dejan de ser miembros de la Casta.

Lejos de quedar relegados al olvido, los miembros más influyentes de la clase política se convierten en auténticas máquinas de hacer dinero. Además de las pensiones, los primeros espadas de la Casta subastan en el sector privado la experiencia y la capacidad de influencia que han adquirido durante sus años en la política. Y eso sale muy rentable.

Según el reglamento de las Cortes Generales, los diputados y senadores españoles tienen derecho a una pensión de jubilación tras haber ocupado su escaño durante siete años. Con más de doce años en el cargo, los miembros de las cámaras reciben cada mes su sueldo completo: 3.126 euros. Además, los ex parlamentarios que en el momento de su cese hayan cumplido los cincuenta y cinco años y se queden en el paro, tienen derecho a que el Estado les mantenga dados de alta en la Seguridad Social hasta que completen el periodo de cotización necesario para recibir una pensión de jubilación. Mientras tanto, el diputado o senador retirado recibe el 60 por ciento de su sueldo en concepto de ayuda. Cuando los parlamentarios fallecen, sus familiares directos reciben también un pago único de 6.200 euros por cada año de legislatura. Es decir, la familia de un senador que lleve doce años en el cargo recibe como indemnización 74.400 euros.

En el caso de los ex ministros y ex presidentes la legislación es distinta. Estos miembros del Gobierno reciben una pensión vitalicia que alcanza el 80 por ciento de su sueldo cuando llegan a la jubilación. La cuantía asciende actualmente a 5.410 euros. Estas ayudas se regulan por la Ley 14/1980, pactada por UCD y PSOE, que blinda tras la salida de su cargo a los ministros y presidentes de organismos constitucionales. En 2001 el Partido Popular amplió esta protección también a los ex secretarios de Estado, los segundos en la escala de mando de cada ministerio.

En agosto de 2009 la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, esperaba paciente para tomar su escaño en el Senado. Con el presidente autonómico Francisco Camps contra las cuerdas judiciales por la compra de sus trajes, el PP comenzó una campaña de hostigamiento contra la socialista de Benidorm y aseguró que quería hacerle un examen de valencianidad para que fuera senadora por designación autonómica. Pajín estaba a las puertas de cobrar en teoría 215.376 euros brutos al año gracias a los complementos e indemnizaciones previstos por la ley para la clase política. En el año 2000 Leire Pajín obtuvo el récord de precocidad y se coronó como la diputada más joven de España. Ocho años después, con treinta y dos años de edad y toda su carrera por delante, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado.

La política socialista recibe 5.500 euros mensuales por su trabajo al frente del partido, tal y como ella misma reconoce en su blog personal. Además, tiene derecho al 80 por ciento de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos. A esto Pajín suMaría sus 3.126 euros como senadora.

La ley que blinda a los altos mandos de la Casta establece que todos ellos tendrán derecho a una pensión vitalicia cuando alcancen la edad de jubilación. Además la legislación contempla varios privilegios dispuestos sólo para los ex presidentes. Los ex jefes de Estado pueden contratar a dos personas como asistentes con cargo al Ministerio de la Presidencia, una dotación para gastos de oficina y atenciones protocolarias, coche oficial con conductor, servicio de seguridad dependiente del Ministerio del Interior y la posibilidad de viajar gratis en todos los medios de transporte del país.

Como norma no escrita, los ex presidentes del Gobierno reciben de manos del rey un título nobiliario. Adolfo Suárez dimitió de su cargo al frente del Estado y de su partido, UCD, en enero de 1981. Un mes después Juan Carlos I le concedió el ducado de Suárez. Leopoldo Calvo Sotelo, que dirigió el rumbo del país menos de dos años, fue nombrado marqués de Ribadeo. Y Felipe González rechazó de forma cortés el ofrecimiento aludiendo a su condición de líder político de un partido socialista y obrero. El único ex presidente que no se ha visto galardonado de este modo ha sido el líder del Partido Popular, José María Aznar.

La normativa prohíbe a los trabajadores españoles recibir dos pensiones públicas, independientemente de la administración que las conceda. Pero esa norma no se aplica a los altos cargos de la clase política, ya que sus cobros sí se pueden compatibilizar.

Curioso es el caso de Manuel Marín, ex presidente del Congreso de los Diputados durante la legislatura 2003-2008, que aglutina el derecho a varias pensiones en España y la Unión Europea. Otro jubilado de oro de la política es el ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, que, tras su paso por la institución que marca las reglas de la economía mundial, regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales bajo el brazo. Rato compatibilizó entre 2004 y 2006 la indemnización de ex ministro con José María Aznar y su sueldo al frente del FMI. En 2006 el economista percibía 37.070 euros mensuales, tal y como publicó el diario
El Mundo
un año después.

Según reveló el diario, Rato vendió en su regreso a España la casa de cinco dormitorios y cinco cuartos de baño que compró en Dupont Circle, uno de los barrios más prestigiosos de Washington, donde se encuentra la sede del FMI. La vivienda le costó en 2004 la cantidad de 1,9 millones de dólares, que afrontó con una hipoteca de la caja de crédito del organismo que él mismo presidía. Cuando abandonó su puesto al frente del FMI, Rato vendió la casa por 2,25 millones de dólares, así que el ex ministro se endosó cerca de 195.000 euros de beneficios tras descontar los impuestos. Rato recibió un sueldo de 391.440 dólares en 2006, año en el que abandonó el organismo.

En el bando contrario, el ex alto representante de la UE para Política Exterior, ex secretario general de la OTAN y ex ministro Javier Solana acumula también la posibilidad de cobrar al menos tres pensiones vitalicias. Y también el ex político y diplomático Marcelino Oreja recibe desde 2002 una pensión vitalicia tras cinco años y cuatro meses como comisario europeo.

No hace falta ser ex presidente del Gobierno para dejar la política por la puerta grande. De hecho, algunos subalternos de lujo se han colocado mejor dentro de la empresa privada que los primeros espadas de la Casta. Son los mercenarios de la política, los que no han esperado a que su cadáver público se enfríe para vender su capacidad de influencia al mejor postor en el sector privado, a cambio de un suculento sueldo.

El 6 de noviembre de 2006 José Luis Rodríguez Zapatero confió en David Taguas para que se pusiera al frente de la Oficina Económica del Presidente. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Navarra, Taguas era en aquellas fechas un alto ejecutivo del BBVA, elegido por el PSOE para ocupar el cargo de asesor económico que dejaba Miguel Sebastián, designado por el partido como candidato a la alcaldía de Madrid. Su puesto oficial sería el de secretario de Estado, el segundo en el escalafón del Ministerio de Economía. Desde la oficina estatal dirigida por Taguas se coordinan los principales proyectos de obra pública encargados a las constructoras del país, desde las inversiones del tren de alta velocidad hasta la ampliación del canal de Panamá.

Sólo dos años después de ostentar uno de los cargos con información más sensible sobre la economía española, David Taguas dejó la vida política para presidir la patronal de empresas constructoras más importante del país. El ex cargo del PSOE fue elegido por ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr para defender sus intereses frente a la administración pública en SEOPAN, la patronal del sector que da empleo directo a 400.000 personas. Las 33 empresas presentes en esta asociación acaparan el 7,5 por ciento de la actividad económica en España.

David Taguas cambió de trabajo y dejó la función pública sin problemas. ¿Es posible que en España los miembros de la Casta salten a su antojo de la vida política a la empresa privada? En principio, no. Pero como todo lo que afecta a la clase política, la legislación en este asunto está llena de claroscuros, huecos y salvedades. A saber, la relación entre los políticos y las empresas privadas se rige por la llamada Ley de Incompatibilidades. Su nombre oficial es algo más descriptivo: Ley 5/2006 Reguladora de Conflictos de Intereses de los Altos Cargos. La norma establece que los altos cargos de la administración no pueden trabajar para empresas o sociedades relacionadas con sus competencias estatales hasta que no pasen dos años desde que abandonan el puesto. Entonces, ¿qué pasa con Taguas?

El ex director de la Oficina Económica del presidente envió, tal y como marca el reglamento, una comunicación a la Oficina de Conflictos e Intereses anunciando su fichaje por el sector privado. El organismo tiene la competencia de controlar el cambio a la empresa privada de los miembros de la administración del Estado y puede vetar sus incorporaciones en el caso de considerarlas ilegales. Esta vez no lo hizo, alegando una cuestión jurídica: David Taguas no se incorporaba a una empresa privada, a una constructora o a una promotora de obra pública, sino a una asociación sin ánimo de lucro, aunque queda claro que sus integrantes sí que lo tienen. Taguas fichaba por una asociación. Ese supuesto no estaba restringido en la Ley de Incompatibilidades y, por lo tanto, su contratación era legal.

La oficina que tuvo que autorizar el fichaje de Taguas depende del Ministerio de Administraciones Públicas. Así que una vez más está en manos de la Casta controlar los designios futuros de sus propios miembros. El 14 de mayo de 2008 la ministra Elena Salgado anunció que la Oficina de Conflictos e Intereses daba luz verde de forma definitiva a la incorporación del cargo de confianza del PSOE a SEOPAN. Durante la tramitación de esta normativa, varios partidos de la oposición intentaron que la Oficina de Conflictos e Intereses dependiera directamente del Congreso de los Diputados. Así sus decisiones estarían auditadas también por el resto de los grupos políticos. Sin embargo, el PSOE se negó.

La Ley de Incompatibilidades se aprobó el 10 de abril 2006, y contemplaba un plazo de cuatro meses para que el Gobierno elaborara un reglamento, que debía incluir, por ejemplo, la publicación anual de las declaraciones de bienes de los altos cargos del Estado. Desde entonces, todos los secretarios de Estado y ministros tienen la obligación por ley de enseñar a los ciudadanos el valor de sus negocios y bienes. Por supuesto, la medida nunca se ha aplicado. Pasaron los cuatro meses y nada cambió. Pasó un año y nada cambió. Pasaron dos años y nada cambió. Hasta que el 27 de marzo de 2009, tres años después de la aprobación de la ley, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que las declaraciones patrimoniales de los altos mandos de la Casta serían publicadas en el
BOE
antes del 15 de octubre. Por supuesto, nadie ha sido sancionado ni reprendido en forma alguna por el hecho de que haya pasado doce veces más tiempo del aprobado en 2006 para poner en marcha el reglamento. En el caso de los diputados y senadores su relación con las empresas privadas funciona de forma distinta. Es la Ley Electoral la que regula lo que pueden hacer o no los miembros electos fuera de las cámaras. Cada año, más de seiscientos políticos tienen que solicitar autorización para compatibilizar su trabajo parlamentario con actividades privadas. La mayoría se reserva la posibilidad de cobrar en artículos de prensa, ponencias o intervenciones radiofónicas. Lo curioso de esta ley es que no contempla incompatibilidades una vez que los diputados y senadores dejan su puesto. No hay un periodo preventivo. Los políticos pueden saltar, sin aguardar un día siquiera, desde el escaño al despacho de una constructora, una empresa eléctrica o una firma de abogados. Eso permitió al ex ministro socialista Jordi Sevilla abandonar en septiembre su escaño en el Congreso y fichar por la consultora PricewaterhouseCoopers. Y eso permitió también al ex portavoz del Partido Popular, Eduardo Zaplana, aparcar su carrera política con cincuenta y un años y fichar como delegado para Europa de Telefónica, con un sueldo estimado en un millón de euros al año.

Pocos recuerdan ya las grabaciones del llamado caso Naseiro, en las que un joven Eduardo Zaplana aparecía atestiguando su necesidad de ganar mucho dinero. Al final lo consiguió. El 28 de noviembre de 1989 el grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valencia solicitó autorización judicial para pinchar el teléfono de un ciudadano llamado Rafael Palop. El abogado estaba siendo investigado por un asunto de drogas, pero por su teléfono desfilaron varios miembros de la Casta. El móvil era también utilizado por su hermano Salvador, ex concejal en Valencia. Entre sus llamadas los agentes grabaron la voz de Eduardo Zaplana, quien ocupó durante veinte años un sillón en el Ayuntamiento de Benidorm. Los siguientes fragmentos corresponden a una extensa conversación intervenida en 1990 entre el líder del Partido Popular y su compañero de partido: