La Casta

¿Qué futuro tiene un país como España donde las casi 80.000 personas que forman la clase política están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios?

¿Un país donde la casta política lava los trapos sucios en casa para ocultar abusos, privilegios y corruptelas? ¿Un país cuya legislación carece de una normativa específica para regular los regalos de empresarios a políticos? ¿Un país que permite que los políticos de todos los niveles disfruten de cierta libertad para disponer de dinero público? ¿Un país que ha convertido el Parlamento Europeo en el cajón de sastre para exiliados de la política, enchufados y parientes que utilizan el padrinazgo de los partidos para dar el salto a la política de mejor nivel y a un mejor sueldo?

Si quiere saber cómo se mantiene la Casta española y disfruta de los privilegios del poder, sumérjase en las páginas de este libro. Tras su lectura, su visión sobre la política de nuestro país será distinta.

Daniel Montero Bejerano


El increíble chollo de ser político en España


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Sirhack
29.09.11


CLASE POLÍTICA: EUFEMISMO DE «CASTA»

Cuando Mariano Rajoy gana en un mes lo mismo que una pensionista con cuatro hijos durante dos años

L
os asesores de Mariano Rajoy habían preparado todo al milímetro. El líder del Partido Popular llevaba la vestimenta perfecta: traje de color azul oscuro, que transmite seriedad ante las cámaras, y camisa blanca impoluta, signo de limpieza. Llevaban semanas preparando posibles cuestionarios. Se preocuparon de controlar la temperatura del plató para que su candidato no sudara. La ocasión era tan especial que Rajoy decidió incluso lucir su talismán, su prenda de la suerte: una corbata roja de paño que llevó en su cuello —con posterioridad— en todos los debates de las elecciones generales que se celebraron un año después.

Era el 19 de abril de 2007 y el personal más cercano al responsable popular llevaba semanas preparando junto a él aquella noche. A las diez Mariano Rajoy se sometía a un interrogatorio en la televisión pública en horario de máxima audiencia, un careo frente a cien ciudadanos seleccionados de forma aleatoria, con el peligro propio de semejante sistema. Era el programa
Tengo una pregunta para usted
. Otros habían caído antes en aquella arena. Todavía resonaban las vacilaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se le preguntó por el precio de un café. Una pregunta sencilla para cualquier humano, pero que puso en evidencia a un supuesto estadista.

Rajoy acudió con antelación a la cita en los Estudios Buñuel, que Televisión Española tiene en el número 5 de la avenida de Burgos, en Madrid. El mayor plató de Europa sirvió de escenario para esa batalla dialéctica que se desarrolló con normalidad casi hasta la medianoche. El ejército de asesores había previsto hasta la última pregunta capciosa posible: cuánto cuesta un kilo de tomates, el precio de una barra de pan o un billete de metro. Por supuesto, también habían desplegado un abanico de estrategias dialécticas para que su pupilo saliera airoso de cualquier envite. Sin embargo, fue una jubilada navarra de cincuenta y tres años, con una sencilla pregunta, quien desnudó las vergüenzas de Rajoy y su equipo. María Violeta Aranguren, divorciada, con una pensión de 300 euros al mes y cuatro hijos a su cargo, se levantó titubeante:

—Perdón. ¿Me oye?

—Perfectamente —contestó Rajoy.

—¿Lo que usted gana? ¿Es mucha molestia preguntarle lo que usted gana?

El líder del Partido Popular se quedó en blanco. Subió las cejas y sus mejillas se pusieron a juego con el rojo de su corbata. Su corbata de la suerte. En ese momento, seis millones de espectadores observaban la cara de incomodidad del líder de la oposición.

—Gano bastante más que esa cantidad a la que usted ha hecho referencia. Yo trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible. Y ése es mi objetivo.

El candidato a gobernar un país, a representar a más de cuarenta millones de españoles, se negó a que los que ponen la confianza en sus manos y le respaldan en las urnas supieran lo que cobra por desempeñar esa labor. Sabía el precio de un kilo de tomates en el mercado, pero no podía hacer público su sueldo.

Incluso a vuelapluma, la cifra es abultada. Rajoy cobra 3.126 euros al mes, como cualquier otro diputado, además de 870 —exentos de tributación— para gastos de alojamiento. Sólo este complemento ya es mayor que el salario mínimo interprofesional, fijado en 624 euros. Ochocientas mil personas en España viven con menos de ese dinero. Así que el Estado le paga a Rajoy la comida y el alquiler, además de todos los viajes. Los diputados españoles pueden utilizar a su antojo y con cargo a las arcas del Estado cualquier medio de transporte público (avión, tren o barco). Y si les gusta el automóvil, el viaje en coche también les sale rentable. El Estado les abona 0,25 euros por kilómetro recorrido. Por ejemplo, 175 euros por un viaje de ida y vuelta de Madrid a Valencia.

A todo esto debemos sumar, en el caso de Rajoy, los 5.000 euros de sueldo por ser presidente del Partido Popular. Es decir, que la política es para Rajoy una actividad rentable: 8.996 euros cada mes, sin contar otros complementos. Un sueldo que permite comprar muchos kilos de tomates, muchas barras de pan e incluso atesorar un generoso patrimonio. Con lo que gana Rajoy en un mes, la pensionista María Violeta Aranguren y sus cuatro hijos tienen para vivir durante dos años y medio.

Sin embargo, el caso del líder popular no constituye un hecho aislado, sino la punta de un iceberg construido a base de votos, dialéctica y privilegios que ha generado una casta blindada en España. En 1882 el senador italiano Gaetano Mosca lo advirtió en su obra
Teorica dei governi e governo parlamentare
. En ella, el parlamentario vitalicio analiza la «clase política» y la destripa sin tapujos. La define como una minoría organizada que detenta el poder frente a las masas y las manipula por medio de la «fórmula política», un conjunto de ideales y esperanzas que sirven para justificar la necesidad de ser gobernados. «Todo para el pueblo pero sin el pueblo», un lema que se repite desde el siglo XVIII y por el que los cargos electos pasan constantemente la factura. El tratado de Mosca revolucionó la ciencia política hace más de un siglo, y sigue vigente para entender cómo se blinda, se lucra y se protege la clase política española.

Un sencillo análisis basta para entender la cadena de mando y, sobre todo, la de pago. ¿Cuánta gente decide por usted? ¿Y cuántos cobran por ello? Un ciudadano de Madrid —por poner un ejemplo— sufraga con sus impuestos los sueldos de 27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea de Madrid, 264 senadores, 350 diputados nacionales y 54 del Parlamento Europeo. En total, 815 cargos electos con un sueldo base que supera los 3.000 euros. Y todo esto sin contar los cargos de confianza que arrastra cada uno. España tiene 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.031 diputados provinciales, 139 responsables de cabildos y consejos insulares, 13 consejeros del Valle de Arán, 1.206 parlamentarios autonómicos, además de los ya mencionados cargos electos nacionales. En total, alrededor de 80.000 miembros de «la Casta». Todos juntos llenarían un estadio como el del Real Madrid. Pero no todos cobran del Estado. El grueso de los políticos locales no recibe dinero por su trabajo al frente de los ayuntamientos.

En cualquier caso, estas personas son los llamados a gestionar los recursos públicos, a representar a los españoles y, sobre todo, a marcar los designios de sus impuestos. No hay empresa privada en España capaz de soportar semejante plantilla. ¿Y cuánto cuesta alimentar a esa élite? En España no hay datos oficiales sobre el dinero que cobran los políticos electos, más que nada porque cada ayuntamiento, parlamento o diputación tiene la capacidad de fijar sus propios sueldos. De hecho, ni siquiera hay datos oficiales sobre el número de políticos que cobran del Estado. El alcalde de Barcelona —el mejor pagado del país— recibe un salario base de 177.398 euros brutos al año. Más que un ministro. Los elegidos por Zapatero para sus carteras de gobierno se llevan para casa 74.000 euros al año.

Cabe pensar que, cuanta más responsabilidad, más dinero, pero la lógica empresarial no sirve para los políticos, sobre todo cuando se aplica a ellos mismos. José Bolarín Cano, alcalde de Ulea, una localidad murciana con 900 habitantes censados, cobra unos 4.000 euros mensuales. Miguel Ángel Candel, alcalde de Ricote, a escasos kilómetros del pueblo anterior, se lleva otros 40.000 euros al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella en la época del GIL, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros. Y eso que su ayuntamiento estaba en bancarrota. Tras su llegada al ayuntamiento, el alcalde de Legorreta, Xabier Iraola, de la formación independentista ANV, multiplicó su salario de un plumazo. El regidor anterior cobraba 210 euros por media jornada de dedicación municipal. Con la llegada del nuevo edil, el sueldo subió a 1.478 euros por cuatro horas. La población de la comarca de Tolosa tiene poco más de 1.400 habitantes.

En total los sueldos de los políticos electos cuestan a los españoles cerca de 720 millones de euros al año. Un presupuesto anual superior al de toda la red ferroviaria española, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio histórico y sesenta veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes. Y eso siendo comedido en los cálculos.

Cuando se pregunta por esta cifra a los estamentos oficiales, todos miran a otro lado. La Casta tiene cada vez más hambre, cada vez consume más recursos, ejerce más influencia y controla desde las subvenciones a empresas y los contratos estatales hasta la elección de la cúpula judicial. Quien quiera hacerse rico a su sombra tiene que pasar por sus manos. Así pues, ¿quién vigila al vigilante? La respuesta a la eterna pregunta es sencilla: a veces, la justicia. Otras, ellos mismos. Y en algunos casos, nadie.

El 3 de marzo de 2005 el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó un proyecto revolucionario para controlar la actividad política. El Partido Socialista llevaba pocos meses en el poder y el nuevo presidente todavía gozaba de una imagen pública intacta. Se le consideraba el hombre del cambio. «No nos falles», gritaban sus seguidores, la noche que Zapatero ganó las elecciones, a las puertas de la sede madrileña del PSOE en la calle de Ferraz. De su mano llegó una medida vestida de honradez, pero que no ha servido más que para llenar páginas en el
Boletín Oficial del Estado
. Aquel día el Consejo de Ministros, formado por todos los gerifaltes estatales, aprobó el
Código de buen gobierno del Gobierno
. Tras tres décadas de democracia, el ejecutivo publicó el manual para ser un buen político. Se trataba de un croquis abocetado con la receta para decidir sobre el destino de un Estado de la forma más decorosa y elegante. No sólo hay que ser honrado, sino parecerlo. El escrito, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, marca las bases éticas y legales que se han de desplegar entre los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración: