La Casta (10 page)

Según los autos judiciales, ese mismo año el sastre de Milano se desplazó personalmente a la ciudad del Turia para que los hombres de Orange Market le presentaran a varios responsables del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, de forma que recibiera de ellos encargos directos de ropa a medida. Tras concertar una cita telefónica, José Tomás se desplazó al despacho que Ricardo Costa tenía en la sede autonómica del partido. En aquel momento Costa era la mano derecha del presidente valenciano Francisco Camps, además de secretario general del Partido Popular en la comunidad levantina. El sastre de Milano tomó medidas al vicepresidente de la Generalitat y le enseñó un muestrario de telas ante la atenta mirada del hombre de Correa en la región, Álvaro Pérez.

En aquel viaje el vicepresidente autonómico encargó tres trajes a medida por valor de 2.400 euros. Mientras Costa asegura que pagó los trajes de su bolsillo, el juzgado no ha encontrado prueba documental de ello, pero sí de que las prendas fueron abonadas por Orange Market gracias al dinero de una cuenta abierta en el Banco Santander. El vicepresidente de la Generalitat alega en el juzgado que entregó el montante de su pedido a los hombres de Correa para que ellos hicieran los pagos.

Fue a principios de 2006, mientras el PSOE daba los primeros pasos para comenzar un proceso de paz en el País Vasco, cuando el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps Ortiz, pisó por primera vez la tienda Milano de la calle de Serrano, en Madrid. Y lo hizo por recomendación expresa de Álvaro Pérez, representante de Orange Market. En aquella ocasión sólo visitó la tienda, pero el presidente de la Generalitat volvió quince días después para elegir los paños y encargar cuatro trajes a medida por valor de 3.300 euros. Pasado el verano, Camps devolvió los trajes a su sastre de confianza. Asegura que no le venían bien, pese a que estaban hechos a medida y en este tipo de prendas no se admiten devoluciones. Puede que esa regla tampoco se aplique a los miembros de la Casta. Sólo las dos americanas que encargó costaban 1.800 euros, un precio muy por encima del salario medio en España.

En verano de 2006 el sastre José Tomás cambió de empresa y fue contratado como director de la cadena de establecimientos comerciales Forever Young, con varios locales abiertos en Madrid. Cuando entró en su nuevo puesto, el sastre avisó del cambio a sus clientes, entre los que se encontraban los hombres de Correa. La forma de funcionar fue similar. En Forever Young se abrieron también cuentas a crédito para Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Y de ahí se cobraban supuestamente los encargos en prendas de vestir para quienes acudieran en su nombre. Fue José Tomás quien llamó directamente a Francisco Camps para asegurarle que en su nueva tienda, situada en el madrileño Paseo de la Castellana, tenía mejor género que en su antiguo establecimiento de la calle de Serrano. Camps le encargó entonces otros 2.800 euros en trajes.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es explícito al hablar sobre el pago de las prendas: «No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de los trajes, como afirma el señor Camps en su declaración, pues el contenido de los documentos de pago en efectivo que han sido aportados por la propietaria del establecimiento no se corresponden con el número de prendas ni con el género». Según el tribunal, ni coinciden las fechas, ni las cuantías, ni las telas, ni siquiera el número de trajes entre la declaración del presidente de la Generalitat y las facturas presentadas por la tienda. En primavera de 2007 Camps se llevó también de la misma tienda unos costosos zapatos de piel de potro.

«Me costaron 120 o 130 euros, y los aboné en el momento y en efectivo», aseguró Camps en su declaración. Pero la justicia no está conforme: «De los documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa por la entidad propietaria del establecimiento no se desprende la realidad de ese pago en metálico, pues no coinciden dichos documentos ni con la fecha ni con el género ni con el precio de aquellos zapatos. Su precio, por lo tanto, debió de ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos», explican los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en uno de sus autos.

Según la Audiencia Nacional, la red de Correa alimentaba a los miembros de la Casta con continuos regalos, televisiones de plasma, coches y viajes de lujo. Los apuntes contables de la supuesta «caja B» de la organización, encontrados en una memoria portátil en el domicilio del contable José Luis Izquierdo, indican incluso una partida de dinero de 28.880 euros con un epígrafe explicativo: «Organización boda. Viaje de novios Polinesia». Según el documento, el dinero fue supuestamente destinado a abonar servicios para Benjamín Martín Vasco, miembro del Partido Popular de Madrid y ex presidente de la Comisión de Investigación sobre los espías que organizó supuestamente el Parlamento autonómico en marzo de 2009, cuando el diario
El País
aseguró que varios políticos de la capital habían sido sometidos a seguimientos diarios por una brigada de vigilancia sufragada con fondos públicos.

Esta política se tradujo en grandes beneficios para los hombres de Correa. Sólo en la Comunidad Valenciana su principal empresa pasó de facturar 88.000 euros en 2003 a ganar más de 3 millones de euros en 2007, según los datos que la Agencia Tributaria suministró a la Audiencia Nacional. Esa inyección de dinero procedía en su mayoría de dos únicos clientes, gestionados por políticos del PP, pero alimentados con los bolsillos de los contribuyentes: la Agencia Valenciana de Turismo y la propia Generalitat.

El reparto de pequeños detalles, regalos o simplemente sobornos a los políticos locales es una práctica acreditada en la mayoría de los escándalos políticos que han azotado España.

En la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad costera tuvo que abrir una nueva causa para investigar las actividades de la constructora Aifos, acusada de comprar voluntades con dádivas a políticos, empresarios e incluso jueces de la Costa del Sol. Cada Navidad, los miembros locales de la Casta recibían, según la documentación judicial, jamones, lotes de embutido ibérico, cotizadas botellas de champán francés, bolsas de viaje de Loewe valoradas en 600 euros e incluso estancias en el hotel Guadalpín de Marbella, propiedad de la promotora, donde políticos, jueces y notarios podían disfrutar de baños relajantes y tratamientos de belleza. El caso está todavía a la espera de juicio.

La investigación sobre las supuestas dádivas que la red de Francisco Correa entregó durante años a varios altos responsables del Partido Popular sirvió para sentar a quince cargos electos en el banquillo, entre concejales, alcaldes, diputados de distintas cámaras y senadores, pero también para destapar en los medios de comunicación algo que la Casta calla en bloque a pesar de sus guerras internas: la incesante lluvia de regalos con la que los políticos españoles son agasajados por manos privadas.

El 6 de junio de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideró que había indicios de delito suficientes para que el presidente de la Generalitat Valenciana, francisco Camps, fuera procesado. El paso era necesario para que el presidente pasara por el banquillo, ya que al ser diputado autonómico está blindado ante los tribunales ordinarios y cualquier instrucción judicial sobre su persona tiene que estar autorizada por el alto tribunal.

Los miembros de su partido no tardaron ni un día en cerrar filas sobre el hecho de que Camps fuera acusado de recibir regalos prohibitivos para la mayoría de los bolsillos. La táctica de sus acólitos consistió de nuevo en echar balones fuera. La alcaldesa de Valencia, su compañera de partido Rita Barberá, trató de trivializar el hecho de que un alto cargo de la administración recibiera regalos. Aquello era sencillamente una práctica normal, por lo que la primera edil valenciana requirió al Gobierno para que modificara el Código Penal y despenalizara el hecho de que los cargos públicos recibieran regalos de cualquier mano.

«Todo el mundo conoce que el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, cada vez que va a La Moncloa, le obsequia a Zapatero por agasajo o por complacencia algunas cajas de anchoas. Y vive Dios que las anchoas son unos productos caros. Buenísimos y caros. ¿Cuánto es una dádiva? Yo pido en este momento por vía de oficio, por vía de citación, que el abogado que considere, que presente la denuncia, porque me da la impresión de que siendo un paralelismo con la situación del presidente Camps, Zapatero también está en curso en este artículo», explicó la alcaldesa en referencia a la legislación que regula el delito de cohecho. Rita Barberá prosiguió: «Y algunos más. Yo también probablemente por las flores. No digo yo que no. Pero desde luego el presidente Rodríguez Zapatero está por las anchoas».

Los distintos clanes de la Casta volvieron de nuevo a la pelea de patio de colegio con la cantinela del «y tú más» como ruido de fondo y con mucho que callar por todos los bandos. En sus declaraciones, la alcaldesa de Valencia hizo referencia a la conocida costumbre del presidente cántabro de llevar varias cajas de anchoas en sus visitas protocolarias para regalarlas a todas las personalidades con las que se entrevista. Es una medida de promoción de este producto regional. Dos días después fue la misma alcaldesa de Valencia quien vio su nombre relacionado con los regalos de Francisco Correa. Los periódicos sirvieron nueva munición al desvelar que la contabilidad B del empresario detenido registraba el supuesto regalo de un bolso de Loewe a la alcaldesa de Valencia. Rita Barberá aseguró a voz en grito que aquello era falso y que nunca recibió bolso alguno.

En el trasfondo de la reyerta subyace de nuevo la ambigüedad de la legislación española sobre los regalos a funcionarios y altos cargos. Una flexibilidad mantenida por la clase política a lo largo de los años con el único objetivo lógico de que revierta en su propio beneficio, pero que se solventaría con una reforma del artículo 426 del Código Penal. Este punto de la legislación española, aprobado en 1995, explica que los funcionarios públicos que reciban dádivas por motivo de su cargo, pese a que los obsequios sirvan para incentivar prácticas legales, serán penados con una multa de tres a seis meses. Es decir, que un político no puede recibir regalos de la mano de un empresario que trabaje con su administración aunque la contratación sea completamente legal.

El problema estriba en que la norma no es clara en el límite entre un regalo protocolario y un soborno, ni en la cuantía de las multas que deben afrontar los miembros de la Casta que aceptan de buena gana los obsequios.

Sobre el papel, los políticos españoles no pueden aceptar regalos de notable cuantía, pero en realidad nadie controla el montante de los obsequios destinados a la Casta. No hay ni un solo organismo que les fiscalice en este aspecto. No hay un límite claro que permita a los jueces actuar contra ellos. Y, por supuesto, no hay intención de modificar la normativa.

«Lo que pasa es que hay que reformar la ley entera». La cafetería de un hotel está muy concurrida a primera hora de la mañana. Tanto que un creciente murmullo ahoga la conversación y nadie se percata de la escena. Entre trajes y maletas, entre idas y venidas anónimas, un agente se sincera: «Con esta ley comete delito quien tiene capacidad directa para influir en una decisión. Pero ¿tú me quieres decir a mí que el presidente del Gobierno, por ejemplo, no tiene poder para influir en cualquier decisión de este país? Y lo mismo pasa en su territorio con un presidente de una comunidad autónoma. Una cosa es la capacidad que tengan de influir sobre el papel, ya que las cosas tienen que pasar por los técnicos y pasar un proceso legal, y otra cosa distinta es el poder que tienen los políticos sobre lo que se decide, la capacidad real, que es mucho mayor».

Entre la Casta impera la sensación de que no es necesaria una reglamentación más dura sobre los regalos que reciben, y que la mejor forma de prevenir el cohecho es sencillamente utilizar el sentido común. En un plano teórico eso puede parecer lo más acertado. Sin embargo, el mismo argumento sería entonces extensible a los diecinueve millones de personas que tienen que presentar cada año ante Hacienda su declaración de la renta. ¿Para qué mantener un cuerpo de inspectores si sería más sencillo, más limpio y más puro que cada contribuyente aplicara el sentido común a la hora de aportar sus impuestos?

La experiencia confirma que la filantropía no funciona y que las aberraciones son continuadas, siempre por el lado del exceso. Tanto en las declaraciones de Hacienda —el fraude alcanza los

59.000 millones de euros en España según el Instituto de Estudios Fiscales—, como en los regalos a políticos. Es común que sus señorías reciban una botella de vino u otros detalles de similar cuantía en Navidad. Incluso está bien visto aceptarlas como medida de gentileza hacia la persona, institución o empresa que realiza el obsequio. Pero el precio de una botella de vino puede alcanzar algunos miles de euros. La línea entre un obsequio bienintencionado y un cohecho está clara cuando se trata de artículos como un coche deportivo o una casa en Miami, pero existen muchos productos con alto valor unitario que pasan muy desapercibidos. Una pequeña pluma sin pretensiones aparentes puede costar unos 6.000 euros si el comprador se decanta por la gama alta de firmas como Waterman o Montblanc, y nadie sabrá nunca cómo terminó en el bolsillo de algún diputado.

Según un informe de la Agencia Tributaria, las empresas Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral y Orange Market, vinculadas al empresario Francisco Correa, gastaron en dos años 200.000 euros en ropa hecha a medida. Parte de las prendas fue a parar supuestamente, y sin que nadie se percatara, a los hombros de alcaldes y concejales de ayuntamientos donde las sociedades habían conseguido hacer negocio.

Mientras el presidente de la Generalitat Valenciana comparecía frente al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, rita Barberá reiteró durante días su comparación entre los trajes de Camps y las anchoas de Revilla. Tanto que el presidente de Cantabria tuvo que salir al ruedo. Y lo hizo para recordar que incluso Francisco Camps recibía por Navidad una caja de tan cotizado producto, enviada desde su gabinete. Eso no fue lo único que recibió Camps las Navidades de 2008. Momentos antes de la cena de Nochebuena, el presidente autonómico recibió una llamada en su teléfono personal. Era 24 de diciembre y al otro lado sonaba la voz de Álvaro Pérez,
El Bigotes
. El hombre de Correa le felicitaba las fiestas mientras agentes de la Policía Nacional escuchaban atentos, según reprodujo el diario
El País
el 22 de abril de 2009: