La Casta (5 page)

La batalla por hacer el Parlamento Europeo más transparente ha llegado incluso a la red, donde varias entidades sin ánimo de lucro organizan los datos publicados por el hemiciclo. Con ese espíritu nació
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, una página dependiente de la Universidad Libre de Bruselas y la London School of Economics. Según sus estadísticas, los diputados españoles que menos acudieron al hemiciclo han faltado 75 de los últimos 300 días con actividad parlamentaria. En el otro extremo, como político español más presente en Bruselas figura el socialista Manuel Medina, que ha faltado únicamente a cuatro plenos en los últimos años.

Este tipo de iniciativas ha sembrado el descontento entre algunos diputados, que consideran injusto el rasero utilizado para medir su trabajo. Tal es la presión de los diputados que el administrador de
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, un ex asesor del Parlamento Europeo, ha recibido incluso notificaciones de abogados en las que se reclama el cierre de la página. El espacio analiza los datos oficiales sobre asistencia, informes y preguntas parlamentarias ofrecidos por la cámara para elaborar una clasificación de los políticos más trabajadores. A la cabeza de la delegación española se encuentra el parlamentario de Los Verdes Raül Romeva i Rueda, el que más acude a su trabajo. En la cola, el popular Juan Andrés Naranjo, que únicamente ha hablado una vez en el hemiciclo y falta a uno de cada cuatro plenos, según los datos analizados por la web.

La apariencia de luz y taquígrafos es tal que todos los diputados europeos tienen la obligación de publicar una declaración de intereses económicos cuando toman el cargo. El documento se cuelga en la red para que todos los votantes puedan consultarlo. Pero incluso eso tiene trampa: antes de su cese en el cargo, no había forma de encontrar por ejemplo la declaración de intereses de Gerardo Galeote, portavoz adjunto del PP y uno de los miembros más destacados de la delegación popular. ¿Estaba exento? Por supuesto que no. La legislación del Parlamento Europeo explica que los miembros electos tienen que publicar sus actividades extraparlamentarias y su participación en empresas privadas. Pero no dice expresamente que los datos tienen que ser expuestos en la red. Así que quien quisiera conocer los intereses privados de Gerardo Galeote no tenía más remedio que coger un avión y plantarse en Estrasburgo para consultarlos en persona. Al menos en los últimos tiempos, ya que desde el PP aseguran que los datos del eurodiputado salpicado por la Operación Gürtel sí estuvieron accesibles en la web.

Aquel 22 de abril la jornada amaneció con el sol de primavera. Sin embargo, el Partido Popular estaba revuelto. Había pasado algo más de un mes desde su derrota frente al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales del 10 de marzo de 2008, y la tensión entre los mandatarios populares abrió una batalla a golpe de puñalada e ironía en los medios de comunicación nacionales. Cada cuatro años el Partido Popular llama a sus miembros a un encuentro para elegir la directiva. Faltaban dos meses para que Valencia albergara el congreso nacional del PP y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, comenzó a sonar como candidato para ocupar la secretaría general, el máximo cargo organizativo dentro del partido. Ya lo había hecho en otra ocasión. En 1986, tras la dimisión de Manuel Fraga, un joven Alberto Ruiz Gallardón, que contaba entonces veintisiete años, fue elegido por el líder de Alianza Popular para ocupar la secretaría general del partido antes de dejar el trono. Gallardón sustituyó en el cargo al profesor Jorge Verstrynge, públicamente enfrentado con Fraga y que se pasó al eterno enemigo: Verstrynge continuó ocho años más tarde su carrera política en las filas del PSOE.

Ahora, más de veinte años después, un Gallardón mucho más experimentado sería la mano derecha de Mariano Rajoy. Algo que su eterna rival dentro del partido, la ex ministra Esperanza Aguirre, no podía consentir. Empezaron las puñaladas. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se enzarzaron en un juego de doble moral, amenazas y halagos envenenados frente a todos los electores. Así pelea la Casta cuando se trata del poder. La presidenta de la Comunidad de Madrid insinuó su descontento con el líder del partido y dejó la puerta abierta para encabezar una lista alternativa que compitiera con la de Rajoy al frente del PP. El líder gallego le contestó públicamente desde Elche: «Si alguien quiere irse al Partido Liberal, que se vaya». Sus palabras fueron tan duras que los asesores de Rajoy, atrincherados en la séptima planta de la sede que el Partido Popular tiene en la calle de Génova, en Madrid, se vieron obligados a enviar un teletipo a la prensa. Aquello había que matizarlo. Fue un paso atrás. Una bandera blanca en una batalla que se fue de las manos. A Rajoy «jamás se le ha pasado por la cabeza que Aguirre pueda estar en otro partido que no sea el Partido Popular», decía el texto, transmitido a todas las agencias para que llegara lo antes posible a los periódicos. Aquello no era bueno: siempre hay que mantener las apariencias. Los asesores del político gallego aseguraron que el candidato y líder del PP se refería en su discurso a los miembros del Partido Popular en Europa, y no a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ajeno a esta polémica, el diputado conservador José Javier Pomés presentó aquel 22 de abril su informe ante la Eurocámara y alzó la voz como miembro de la Comisión de Control Presupuestario para dejar claro lo que muchos ya temían: la contratación de enchufados por parte de sus señorías era tan escandalosa que se les había ido de las manos. Según la normativa europea, cada uno de los 750 cargos electos del Parlamento tiene derecho a contratar libremente a una serie de asistentes para que le ayuden en su labor, con un gasto máximo de 17.540 euros por diputado. En total, el Parlamento Europeo gasta más de 140 millones de euros al año en sueldos de cargos elegidos por los partidos. Son 1.200 personas seleccionadas a dedo, 1.200 puestos de trabajo hechos a medida para los colaboradores de la Casta, pero soportados por el bolsillo de los electores. Con lo que gastan los europarlamentarios en ayudas de cámara se mantienen los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.

El informe hecho público por el diputado español del Partido Popular analiza punto por punto las principales partidas presupuestarias del hemiciclo y su grado de cumplimiento. Desde la contratación a empresas externas hasta las subvenciones a los grupos políticos, que rondan los 18 millones de euros en el mejor de los casos. Pomés puso sobre la mesa aquella mañana dos importantes peticiones realizadas por los auditores del Parlamento, dos medidas que afectaban de forma aguda a los bolsillos de los diputados y que estaban pendientes de aprobación desde hacía más de cincuenta años, aunque fueran de una lógica aplastante para los 375 millones de personas que forman el electorado de la cámara.

Las peticiones de José Javier Pomés se enmarcaban dentro de un plan abanderado por el presidente de la Eurocámara desde 2007, el representante de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Hans Gert Pöttering, cansado de la mala imagen pública del hemiciclo. El parlamentario popular propuso que aquellos que cometieran un fraude demostrado con sus dietas o gastos fueran suspendidos y tuvieran que devolver los importes abonados de forma indebida. Es decir, que quienes fueran cogidos robando, falsificando facturas o pasando gastos indebidos tuvieran que devolver el dinero. Aunque parezca inaudito, aquello no estaba previsto en la normativa que marca los designios de la Unión Europea.

La segunda medida afectaba más si cabe a la Casta. A partir de ese momento los diputados no podrían contratar a familiares para que fueran sus asesores y cobraran cantidades millonarias de la administración europea entre sueldos y dietas. Pues bien, pese a que no contratar a familiares aportaba mayor transparencia, pese a que era una medida de una lógica aplastante y pese a que devolver el dinero sería la primera orden que aplicaría cualquier tribunal de la Unión Europea, 140 europarlamentarios votaron aquel 22 de abril en contra, y otros 62 prefirieron abstenerse. En total 202 diputados, elegidos para representar los intereses de todos los europeos, se negaron a ratificar el informe de presupuestos y gastos del Parlamento para 2006, que llevaba explícitas las dos recomendaciones contra el fraude. Al término de la votación los detractores no fueron mayoría y la propuesta de sancionar ambas conductas salió adelante.

Bajo la conciencia y los bolsillos de los diputados pesaba desde el 9 de enero de 2008 el llamado
Informe Galvin
. El auditor jefe del Parlamento Europeo, robert Galvin, investigó la contratación de asistentes realizada por los diputados. Para ello tomó una muestra de ciento sesenta contratos y los resultados fueron tan alarmantes que el informe se declaró secreto. Los diputados que quisieran conocer su contenido tenían que consultarlo en una sala vigilada y custodiada bajo llave. Era la vergüenza del hemiciclo. La investigación detectó que gran parte de las contrataciones de asistentes eran irregulares, por medio incluso de empresas de los propios diputados. Los elegidos recibían sobresueldos que multiplicaban diecinueve veces su salario y en ocasiones eran contratados encubiertos de los partidos políticos. Aquello tenía que mantenerse en secreto para no manchar la imagen de la institución, denostada por los escándalos políticos y los ataques de los euroescépticos. Sin embargo, una copia del texto fue filtrada a una asociación inglesa contra el fraude fiscal llamada TaxPayers’Alliance.

Según los cálculos de la asociación, recogidos en el libro
The Great European Rip Off
, los parlamentarios europeos podrían desviar cada legislatura a su bolsillo 117.000 euros en dietas, 489.000 euros en asistentes, 243.000 euros en gastos de oficina, 60.000 euros en viajes y 356.000 euros en gastos de pensión. Eso, por supuesto, sin contar su sueldo. Según los datos oficiales del hemiciclo, los más de 700 parlamentarios gastan cada año entre sueldos, dietas, viajes y contrataciones 300 millones de euros, lo que supone el 21 por ciento del presupuesto total de la cámara.

Contratar a mujeres, hijos o sobrinos era, hasta la llegada del
Informe Galvin
, una cuestión personal. Era el diputado quien decidía si contrataba a sus familiares. No obstante, también era una costumbre de clanes locales. Por ejemplo, mientras los parlamentarios ingleses lo hacían con total normalidad, al igual que sucede en la Cámara de los Comunes, los representantes alemanes lo veían cada vez con peores ojos. Entre dos aguas, los políticos españoles se acogieron también durante años a esa laguna para colocar a sus parejas a sueldo de los países miembros.

No se libran ni los compañeros de José Javier Pomés en el Partido Popular. El eurodiputado Ignacio Salafranca mantuvo durante meses como asistente a su hermano Juan, que tuvo tiempo mientras tanto para preparar las oposiciones públicas a funcionario de la Unión Europea. En la actualidad Juan Salafranca es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Popular Europeo.

Hasta el vicepresidente de la cámara, Alejo Vidal Quadras, contrató como asistente a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el diputado cacereño Felipe Camisón —fallecido en mayo de 2009— puso en nómina a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la catedrática en Historia del Arte y diputada desde 1999 Cristina Gutiérrez Cortines con su hija.

El de asistente es un puesto de trabajo a la sombra del electorado y cuyo sueldo depende simplemente de la generosidad de los políticos, que en este caso son sus familiares directos. ¿Quién no sería generoso con un familiar disponiendo de un límite de 17.540 euros? Sobre todo cuando la buena obra no duele al bolsillo, ya que corre a cargo del contribuyente. Entre las funciones de los asistentes están las de atender el correo, responder a preguntas del electorado, reservar los vuelos para los eurodiputados, asistir a determinadas comisiones e incluso redactar escritos oficiales que luego presentan sus responsables ante la cámara.

La contratación de esposas, hijos y parientes en general levantó una guerra abierta entre los parlamentarios que se saldó con el compromiso de crear un nuevo estatuto para los asistentes, una normativa que regulara su contratación.

En la actualidad los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles en Europa. De hecho, ni siquiera el vicepresidente del Europarlamento, Alejo Vidal Quadras, tiene asistente asignado. Pero se trata de otra medida de cara a la galería. El proceso no se ha liberalizado y los parientes sanguíneos han sido reemplazados por personal próximo al partido.

Ahora son hijos, sobrinos, nietos o conocidos de los históricos del PP y del PSOE los que hacen de escuderos de la Casta en Europa. El Parlamento Europeo ha pasado de cementerio de elefantes a campo de entrenamiento. Las oficinas del hemiciclo son ahora un lugar donde los herederos del trono electoral forjan contactos y curten sus espuelas.

En el Partido Popular, cada parlamentario tiene la potestad de elegir a sus asistentes. En varias legislaturas pasaron por esta escuela nombres como el de Javier Figaredo, sobrino del ex vicepresidente del Gobierno y ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, que asistió a Cristina García Orcoyen o Daniel Olivenza, sobrino de Javier Arenas, ex secretario general del PP, que sirvió a las órdenes del eurodiputado Juan Ojeda. Sus miembros reservan además parte de su presupuesto en esta partida para un fondo común con el que se contratan asesores para todo el grupo. La contratación de estos colaboradores se realiza por medio de la Asociación Parlamentaria Popular Europea. Se encargan de asesorar a todos los diputados conservadores en distintas materias. Una de estas plazas se destinó en 1996 a José Botella Serrano, cuñado de José María Aznar y hermano de Ana Botella, que contaba en aquella época veintiocho años.

Licenciado en Económicas, José Botella se hizo militante del PP en 1993. Tenía veintiséis años y su vocación tardía coincidió con la segunda vez que su cuñado se presentaba a las elecciones generales. José María Aznar no logró la Presidencia del Gobierno, pero un año después su cuñado ya estaba trabajando gracias al PP. Fue contratado como asesor en Madrid para la recién creada Fundación de Estudios Europeos, una institución presidida por Ángel Acebes y por su familiar directo y líder de la oposición, José María Aznar. José Botella todavía vivía con sus padres cuando comenzó a cobrar de la esfera del PP, que se alimenta de subvenciones públicas y donaciones privadas. Tres años después, en 1996, y con el mejor valedor a sus espaldas, pues Aznar ya era el nuevo presidente del Gobierno, el hermano de Ana Botella pasó a trabajar en Europa. Desde las oficinas del PP en la bruselense Rue de Belliard, estudiaba como asesor la implantación de la moneda única.