La Casta (8 page)

En los círculos parlamentarios la llegada de regalos, viajes y pagos de todo tipo se relaciona de forma inequívoca con los llamados
lobbies
, los grupos de presión empresarial y financiera que inciden de forma directa sobre los políticos. Estos grupos reciben su nombre de la palabra inglesa que sirve para identificar la sala de espera o el salón de entrada a una oficina. Allí, a las puertas de los despachos del Congreso de los Diputados o del Senado, es común ver a encorbatados representantes de las grandes empresas de telecomunicaciones, electricidad o energía nuclear esperando para hablar con los miembros de la Casta que deben decidir sobre la legislación que les afecta. Hay miles de millones de euros en juego.

Estos grupos han tenido tal calado en la política española que incluso el
Diccionario de la Lengua Española
de la RAE recoge ya el vocablo y define un
lobby
como un «grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses». La Iglesia, las empresas armamentísticas o las farmacéuticas son algunos de los grupos de presión más presentes en España, donde el término se atribuye incluso a la clase gobernante. Partidos políticos, cargos electos y entidades estatales forman un grupo de presión fuerte y cohesionado. Un círculo cerrado que lucha por sus intereses. En definitiva, una casta.

El crecimiento de las multinacionales se ha vinculado siempre al desarrollo económico de los países del primer mundo, hasta el punto de que algunas macroempresas se han convertido en actores prioritarios de la economía mundial, ya que mueven más dinero al año que un país de tamaño medio. Petrochina, considerada la empresa más grande del planeta, tiene un valor de mercado de 336.000 millones de euros, el 30 por ciento del PIB de España. El presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower acostumbraba a decir que lo que era bueno para la General Motors era bueno para su país. La empresa de fabricación automovilística con sede en Detroit era el principal motor de la economía estadounidense en 1952, año en el que Eisenhower, general del ejército estadounidense, alcanzó la Casa Blanca. Así nació el fenómeno de los
lobbies
, que en España se desarrolla a pasos agigantados cada vez que algún partido gobierna en coalición.

Tras las elecciones generales de 2004, el Partido Socialista se alzó con la victoria, pero no con la mayoría absoluta. Sus 164 escaños eran insuficientes para controlar el Congreso de los Diputados, así que el PSOE tuvo que buscar socios de gobierno. Izquierda Unida y Esquerra Republicana sumaron a los socialistas sus 13 diputados para investir a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

Durante cuatro años el PSOE tuvo que contar con los dos grupos minoritarios para sacar adelante todas las leyes en la cámara baja. Y ambos —Izquierda Unida y Esquerra Republicana— fueron objetivo de los grupos de presión. A priori resultaba más sencillo para las grandes empresas intentar influir en la decisión de los pequeños socios de gobierno que en las voluntades políticas del PSOE, que por su mayor envergadura albergaba también una maraña de intereses y compromisos electorales. El voto de ambas formaciones fue fundamental para aprobar normativas tan comprometidas como la reforma antitabaco y la nueva ley para el consumo de alcohol, legislaciones que hicieron peligrar los ingresos millonarios de las marcas dedicadas a esos sectores. En ocasiones las empresas privadas hacen llegar a los partidos políticos incluso borradores de las proposiciones de ley completamente redactadas. Por supuesto, los documentos incluyen las propuestas que más les benefician.

El negocio de los
lobbies
es tan boyante que incluso hay empresas dedicadas únicamente a presionar a los políticos para proteger los intereses de corporaciones privadas. Es un negocio completamente legal. A eso se dedica por ejemplo la firma EPPA (European Public Politic Advisers), especializada en negociar con la Unión Europea y los partidos políticos españoles. Este tipo de empresas suele cobrar por objetivos. Cuanto más consigan influir en la voluntad política y favorecer los intereses de sus clientes, más dinero reciben.

En la actualidad no hay legislación alguna que regule la acción de estos grupos de presión en España. El ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, explica en su obra
Las transformaciones del Estado contemporáneo
, publicada hace más de veinte años, la necesidad de regular las relaciones entre los
lobbies
y los partidos políticos. El jurista y politólogo apuesta por establecer directivas o mecanismos de control parlamentario en lugar de aprobar legislación concreta. Dos años después de la publicación de esta obra, en 1989, el Centro Democrático y Social (CDS) comenzó la tramitación de una normativa al respecto, pero nunca se aprobó, y desde entonces nada se ha hecho.

En realidad ni siquiera hay consenso en el seno de la Casta sobre cómo proceder ante la presión de los
lobbies
. Por un lado, parece intolerable que las empresas privadas intercedan de una manera tan clara en las decisiones políticas de un país. Pero, por otro, es un proceso que parece inevitable.

Mientras la Unión Europea ha intentado institucionalizar los grupos de presión como un elemento más de la vida política, el gobierno de Estados Unidos ha optado de forma inequívoca por limitar su capacidad de influencia, cansado de los continuos escándalos protagonizados por su clase política, tentada constantemente con los cantos de sirena de las grandes multinacionales.

La Comisión Europea cuenta incluso con un registro de grupos de interés, una base de datos pública donde se inscriben las empresas con intereses manifiestos en las normativas dictadas por la entidad, que se puede consultar desde la red. Sin embargo, la inscripción no es obligatoria. En esta relación aparecen 64 agentes españoles, entre ellos figuran empresas como Mercadona, la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias o la firma zaragozana Topten Management, dedicada a trabajar con grupos de presión desde Bruselas. Sin embargo, las cifras no cuadran, y sólo una tercera parte de las empresas que atornillan sus intereses a la silla de los europarlamentarios se apunta a este registro. Sólo un tercio de los grupos de presión ha decidido salir a la luz de forma voluntaria.

Según datos oficiales de la Unión Europea, en la ciudad belga hay 15.000
lobistas
, trabajadores contratados por 2.500 grupos de presión para velar por intereses privados frente a las decisiones políticas. Su importancia es tal que el Parlamento Europeo realizó un informe sobre ellos en junio de 2008, e incluso se encuentran englobados dentro de una asociación, denominada SEAP (Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos, por sus siglas en inglés). La cámara parlamentaria creó un código de conducta para las empresas que les prohíbe realizar obsequios a los eurodiputados, pero una vez más la normativa carece de relevancia penal y es únicamente una recomendación deontológica para los empresarios.

El 21 de enero de 2009 el presidente de Estados Unidos Barack Obama se despertó por primera vez en la Casa Blanca. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Poner fin a los constantes regalos que los grupos de presión hacen a los diputados de su país. Aquella mañana el primer presidente negro de los Estados Unidos firmó tres órdenes ejecutivas, tres decisiones presidenciales que afectaron de lleno a los miembros de la Casta en el país. Con la primera medida, el demócrata congeló los salarios de los altos cargos de su gobierno que reciben más de 100.000 euros al año; con la segunda, modificó la Ley de Información para hacer su administración más transparente; y para terminar prohibió por ley a todos los políticos estadounidenses recibir regalo alguno de los grupos de presión.

El nombre ya era de por sí pretencioso: PAZ (Plataforma de Apoyo a Zapatero), y englobaba a intelectuales, actores, cantantes y presentadores de televisión. El colectivo nació en el periodo previo a las elecciones y se convirtió en todo un grupo de presión a favor de la candidatura del líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero para los comicios de 2008. PAZ irrumpió en campaña con un vídeo promocional abanderado por la rama más progresista de las artes españolas: cantantes como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Miguel Bosé y actores como Fran Perea prestaron su imagen para ayudar a que el PSOE consiguiera la mayoría absoluta tras cuatro años de gobierno en coalición. Al grito de «Estoy con Zapatero», actores y cantantes aparecían en el montaje promocional intercalados entre ancianos, jóvenes e inmigrantes mientras emulaban con sus manos el arquear de las cejas del presidente. El gesto les valió el sobrenombre de «sindicato de la ceja», utilizado por sus detractores. En cualquier caso, había nacido un
lobby
.

El anuncio se lanzó al mundo en YouTube —el servicio de distribución de vídeos más utilizado de Internet— el 8 de febrero de 2008, aunque la presentación institucional del colectivo se celebró un día después. El 9 de febrero, la madrileña sede del Círculo de Bellas Artes reunió a los pesos pesados del cine español. Allí estaban el director de cine Pedro Almodóvar, actores como Marisa Paredes, María Barranco, Álvaro de Luna, Cayetana Guillén Cuervo y Concha Velasco (que incluso participó en uno de los mítines de Zapatero) y presentadores como Jesús Vázquez y Boris Izaguirre, significados con el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Como portavoz del colectivo tomó la palabra el también director de cine José Luis Cuerda, que leyó un manifiesto llamado
Defender la alegría
.

Pese a lo conciliador del título, el texto fue un ataque sin cuartel a los adversarios del PSOE. Cuerda solicitó el voto para Zapatero ante la «turba mentirosa que piensa, desde su imbecilidad, que todos somos más imbéciles que ellos». Se trataba de una referencia velada al Partido Popular, que con Mariano Rajoy a la cabeza mostraba entonces una actitud titubeante sobre cuestiones capitales para el sector artístico, como el canon digital o la lucha contra las redes de intercambio de archivos en Internet. En cualquier caso, aquel día el cine español se posicionó del lado de Zapatero. Y todavía hoy saca partido de aquello, con incrementos millonarios en sus subvenciones pese a la crisis económica.

Pasaron los meses y el objetivo de muchos actores, cantantes y socialistas de toda condición se cumplió: Zapatero renovó su cargo en La Moncloa. No obstante, en los primeros tiempos del nuevo mandato las recompensas públicas para el cine español no alcanzaron las cotas deseadas por los que cerraron filas junto al presidente meses atrás. Eso obligó a este nuevo grupo de presión a reaccionar. El fotógrafo Claudio Álvarez tomó para el diario
El País
la foto testimonial la noche del 26 de marzo de 2009. Un año después de la presentación de la Plataforma de Apoyo a Zapatero, la plana mayor del cine español se reunía en el Ministerio de Cultura. Según la versión oficial, el encuentro se produjo a petición del titular de la cartera, el escritor y poeta César Antonio Molina. El rumor del desencanto sonaba desde hacía semanas entre los empresarios del sector, descontentos con el desarrollo de las ventajas fiscales que estipula la Ley del Cine, con el excesivo número de películas que reciben ayudas públicas cada año en España (ciento setenta y tres en 2008), y acuciados por la tibia presión que a su juicio realizaba el gobierno socialista sobre la piratería. A la cita acudieron directores como Álex de la Iglesia, Enrique Urbizu, Jaime Morales, Agustín Almodóvar, Fernando Trueba o José Luis Cuerda, cabeza visible de PAZ, la plataforma a favor del presidente.

Sólo dos semanas después de aquella reunión nocturna y de la oposición subyacente de los profesionales del cine español, el ministro de Cultura fue depuesto. El presidente Zapatero decidió el 7 de abril de 2009 una reforma en su ejecutivo que afectó a seis ministerios y que colocó al frente de Cultura a la entonces presidenta de la Academia de Cine (máximo órgano rector de la industria), la guionista Ángeles González Sinde. Nacida en Madrid en 1965, González Sinde abanderó desde ese cargo una oposición radical a que los internautas españoles compartan películas en la red sin ánimo de lucro, y mostró una simpatía sin fisuras al canon digital, el impuesto que grava los soportes tecnológicos para resarcir a productoras y discográficas ante los supuestos daños provocados por la piratería. Por supuesto, la nueva ministra era firmante de la Plataforma de Apoyo a Zapatero y miembro destacado del
lobby
del cine español, que presionaba al presidente tras su apoyo incondicional en las elecciones generales. Y es que las caras conocidas arrastran muchos votos.

El 26 de mayo de 2009 la llegada de González Sinde al Ministerio de Cultura dio los primeros frutos para los bolsillos del cine español, que registró en 2008 la mayor caída de público de toda Europa, con nueve millones de espectadores menos según los datos del Observatorio Europeo Audiovisual. Frente a la crisis, la ministra tiró del bolsillo de los españoles y aumentó las subvenciones públicas.

El 13 de mayo de 2009, un mes después del cambio de titular en el ministerio, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales amplió en 8,5 millones de euros la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía. De su mano llegó más dinero para los actores y guionistas, pese a que el Estado había fijado seis meses antes las ayudas para el sector en 85 millones de euros, un presupuesto similar al de la construcción de un centro penitenciario con capacidad para más de quinientos internos. El director del Instituto de Cinematografía, Ignasi Guardans, aseguró ante la prensa que la medida no era un incremento del dinero público para el sector, subvencionado hasta la saciedad, sino una reubicación de partidas que no se habían utilizado en años anteriores.

Con una industria en clara recesión, con menos espectadores en las salas y un saldo negativo en la caja de las principales productoras nacionales, la llegada masiva de ayudas públicas ha multiplicado por tres la creación de películas españolas en diez años, pasando de 65 cintas en 1998 a 173 en 2008, según cifras ofrecidas por el Partido Popular en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. En la actualidad, el Fondo de Protección para el cine español ya sobrepasa el dinero que la industria ingresa en taquilla, con 88 millones de euros de subvenciones frente a 81 millones de euros de facturación. Es decir, que el cine español ingresa más dinero por las subvenciones que por su actividad real. Un extraño modelo de negocio que sólo se entiende bajo el amparo de las instituciones públicas.