Como detectar mentiras en los niños (27 page)

En el juzgado de familia o juvenil, el juez puede entrevistar perfectamente al niño en su despacho en lugar de hacerlo en la sala de juicio. Puede que el tribunal llame también a un psiquiatra infantil para así contar con el testimonio de un experto, cosa que normalmente no se permite en los juicios penales. Se considera que el experto es como el abogado del niño, no un testigo para ninguno de los padres. Cada uno de los padres puede traer a su vez su propio experto en salud mental.

Esta informalidad tiene su lado bueno y su lado malo. El malo es que puede que existan pocos hechos, o ninguno, probados por investigadores policiales cualificados antes de la audiencia, porque no se trata de un caso penal; no se está juzgando al padre acusado. El lado positivo es que normalmente el niño no se habrá visto obligado a repetir su historia demasiadas veces antes del juicio, y éste puede resultar menos traumático. Si puede testificar de manera informal, fuera de la vista del padre acusado, es posible que su testimonio sea más espontáneo y menos reservado.

Por desgracia, los jueces que tratan con disputas sobre derecho familiar en la mayoría de las ocasiones no están cualificados para tratar con acusaciones por abuso sexual. Pero se ven forzados a tomar decisiones rápidas sobre un tema que no sólo afecta gravemente a la vida del niño, sino también a la vida y reputación del padre acusado.

Cuando un juez llama a un psiquiatra infantil, se suele apoyar de forma importante en el testimonio de éste. Algunos psiquiatras creen que el juez les anima a decir si el niño está mintiendo o no, y esto va más allá de lo que puede garantizar un psiquiatra. Según el psiquiatra infantil Melvin G. Goldzband, un conocido autor sobre el tema de la custodia infantil y testigos expertos:

Pero muchos profesionales de la salud mental creen que pueden distinguir con bastante precisión entre un niño que miente sobre un tema de abusos sexuales en una disputa por custodia y otro que está contando la verdad. El doctor Arthur Green, director del Centro Familiar del Hospital Presbiteriano de Nueva York, sostiene que existe un síndrome de abuso sexual específico. Él cree que, con pocas excepciones, un psiquiatra infantil bien entrenado, puede reconocer a un niño que miente.

Según Green, cuando un niño miente, en muchas ocasiones es porque le ha lavado el cerebro una madre vengativa o enfermiza que proyecta sus propias fantasías inconscientes en el cónyuge. En estos casos, los detalles sobre las actividades sexuales se obtienen con mucha facilidad o incluso puede que el niño las ofrezca de manera espontánea. El niño muestra poca o ninguna emoción al describir los abusos y muchas veces utiliza terminología adulta.

Por otro lado, según Green, las auténticas víctimas de incesto son más bien reacios a contar detalles sobre los abusos. Muchas veces no dicen nada durante semanas y a veces se retractan y después vuelven a reafirmarse en sus acusaciones. Su revelación suele venir acompañada por un estado depresivo y describen el acto en un lenguaje propio de su edad.

Como ejemplo de una acusación falsa, Green cuenta la historia de Andy B., a quien una madre delirante le había lavado el cerebro:

Los juzgados de California, que suelen ser los pioneros en introducir reformas en los procedimientos legales, se han negado a permitir el testimonio de expertos sobre si el comportamiento del niño encaja o no en el «síndrome de abuso sexual». Siguen la que se denomina regla de Kelly Frye, que dice que un testimonio basado en un «nuevo proceso científico» es inadmisible sin pruebas de que éste es generalmente aceptado por la comunidad científica. En el caso de Sara, de tres años de edad, de quien sus abuelos decían que su padrastro había abusado sexualmente, el tribunal de apelación decidió que el tribunal donde se había juzgado el caso no debería haber permitido que un psicólogo testificara que Sara mostraba signos del «síndrome de abusos infantiles», puesto que este síndrome no era reconocido por la Asociación Psicológica Americana ni por cualquier otra organización profesional
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. Sara fue enviada de nuevo a vivir con su madre y su padrastro.

Pero los juzgados de California sí han permitido que expertos en salud mental cuenten el testimonio del niño, que de otro modo se consideraría prueba de oídas (algo que la víctima contó a una tercera persona), y no se permitiría como testimonio contra el acusado. En The Matter ofCheryl H., el tribunal permitió que un psicólogo testificara sobre lo que una niña de tres años había dicho acerca de los abusos sexuales cometidos por su padre. Se permitió este testimonio como excepción a la regla de la prueba de oídas, que permite testimonios no sobre el acusado, sino sobre el estado mental de la víctima. El tribunal dijo:

En los casos de abusos sexuales, donde raramente existen testigos presenciales, este tipo de prueba de oídas tiene mucha fuerza.

Queda claro que hay que reformar los procedimientos legales para que se pueda ofrecer al juez unas bases más claras sobre las cuales poder tomar decisiones. No se debería permitir a ningún padre utilizar una falsa acusación por abuso sexual para cortar el acceso del otro padre al niño, sino que siempre se debería proteger al niño.

En primer lugar, el juzgado de custodia o juvenil debe tener acceso a los mismos interrogatorios profesionales para obtener hechos de que se dispone en un juicio penal. No se debería permitir que una acusación no investigada llegara ante el juez.

En segundo lugar, deben existir unas normas más estrictas sobre la utilización de testigos expertos, que normalmente son profesionales de la salud mental. Con demasiada frecuencia recae sobre ellos la tarea de detectar a un mentiroso, lo cual va más allá de la precisión demostrada del «síndrome de abusos infantiles». Puesto que muchas veces no existen más pruebas que éstas, ello le da al experto más autoridad de la que resulta justificable.

De hecho, existe una gran controversia sobre la utilización de psicólogos y psiquiatras como testigos expertos en cualquier tipo de procedimiento judicial. Un estudio reciente hecho por Faust y Ziskin, publicado en Science, sostiene que «considerables investigaciones muestran que la precisión de los criterios de estos expertos no sobrepasa a la de una persona lega». Por ejemplo, un estudio descubrió que los estudiantes de instituto podían prever una conducta violenta en un individuo tan bien como los profesionales de la salud mental
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. Este resultado sin duda hace que nos cuestionemos la capacidad de un experto en salud mental para determinar con precisión si un niño está mintiendo.

Por otro lado, el propósito de una audiencia sobre custodia es proteger al niño, no condenar a un criminal. Una interpretación más abierta de las reglas sobre las pruebas de oídas que permitan a psiquiatras y psicólogos aportar pruebas sobre el estado mental del niño puede ayudar a proteger al niño que no puede hablar de manera adecuada por sí mismo.

En tercer lugar, igual que no se ponen en duda los derechos que tiene el acusado de un delito, el padre acusado merece protección. El testimonio del padre acusador tiene que ser tratado con cuidado. El tribunal no debería permitir que el padre acusador comente lo que dijo el niño (prueba de oídas). Es el propio niño quien tiene que contarlo. ¿Y qué ocurre con el niño de tan poca edad que no puede testificar correctamente? En este caso el tribunal tiene que confiar en las pruebas que corroboren la acusación, como exámenes médicos y el testimonio de profesionales de la salud mental sobre lo que el niño dijo en terapia. (No si el niño miente o no). Puesto que el juez no tiene que regirse por la regla de «más allá de una duda razonable» en un caso civil, puede que decida que la «preponderancia de pruebas» garantiza que al padre (o a la madre) le sea prohibido el acceso al niño.

Aproximadamente la mitad de nuestros hijos experimentarán el divorcio de sus padres y las disposiciones sobre custodia que le siguen. El conflicto de lealtades y la tensión entre los padres puede provocar que los niños mientan con mayor frecuencia sobre muchos asuntos. En el anterior capítulo hablé sobre el muro de intimidad que el niño erige entre los dos mundos de sus padres. Puede que le mienta a uno de los padres sobre temas del otro. Para intentar complacer a uno de ellos, puede desviar un poco la verdad. Por otro lado, un padre angustiado puede que se comporte de una manera que normalmente consideraría injusto. Hay que examinar cada caso con mucha atención y no descartarlo como «otra queja falsa sobre custodia».

LEYES SOBRE DENUNCIA

En la mayoría de casos de abuso sexual infantil no se trata de abusos colectivos ni de un tema de custodia. Normalmente se refieren a incidentes en los que un adulto se ha dado cuenta de que el niño actúa o habla de manera extraña, o quizás se queja de dolores en la zona genital. Puede que esta persona sea uno de los padres o un pariente, pero cada vez más es un profesor, enfermera escolar o trabajadora infantil. En la mayoría de estados las leyes sobre denuncia proclamadas en los años sesenta, que requerían que los médicos debían denunciar los «casos conocidos» de abusos, tanto físicos como sexuales, se ampliaron en los ochenta para incluir también a terapeutas, profesores y profesionales de la salud. California sirvió de modelo para muchos estados, ampliando el lenguaje de lo que debe denunciarse, desde los «casos conocidos» hasta aquellos de «sospecha razonable».

No es sorprendente que el número de casos denunciados fuera aumentando de manera continuada tras esta ampliación del campo obligatorio de denuncia. Las denuncias sobrepasaron la capacidad de los Servicios de Protección Infantil. Los aumentos más significativos fueron los de abusos físicos, antes que sexuales, porque era obligatorio que un profesor denunciara marcas o señales que pudieran hacer sospechar que se había pegado a un niño. Las pruebas sobre abusos sexuales no son tan claras, pero las denuncias por abuso sexual crecieron también, de 9.120 en 1981 hasta 13.214 en 1983. Durante este período, en muchas escuelas se instituyó también la educación sobre abusos sexuales, animando a los niños a hablar sobre temas que anteriormente estaban prohibidos
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.

Aproximadamente un 65 % de las denuncias por abandono y abuso infantil han demostrado ser infundadas, según Douglass Besharov, el primer director del Centro Nacional Estadounidense de Abuso y Abandono Infantil
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. Ello levanta la sospecha pública de que los niños mienten sobre el tema de los abusos. Varios millares de padres de treinta estados diferentes se han asociado y han formado VOCAL (Víctimas de la Ley sobre Abusos Infantiles) para protestar de que fueron acusados falsamente de abusos y abandono infantiles.

Pero estas denuncias infundadas no significan necesariamente que los niños o los adultos estén mintiendo. Se pide a centenares de miles de adultos que denuncien una «sospecha razonable» de abusos, aun cuando el niño guarde silencio. Una denuncia infundada también puede significar que no existen pruebas suficientes para hacer un cargo formal, no que los abusos no tuvieran lugar.

La señora J., una profesora de jardín de infancia, pilló a Jerry, de tres años de edad, absorto ante una revista pornográfica que al parecer había traído en su mochila. Señaló a una mujer desnuda en una postura sexual y dijo: «Ésa es tía Ruth». La señora J. observó que Jerry, antes un niño popular, se había vuelto muy quieto y permanecía alejado de sus compañeros. Lo notificó a los Servicios de Protección Infantil. Se pusieron en contacto con los padres y les hicieron una visita domiciliaria. Los padres se quedaron atónitos y avergonzados. La tía Ruth era una parienta joven y bonita que Jerry había conocido de manera breve y pública en una boda familiar. Estuvieron de acuerdo en llevar a Jerry a un terapeuta, quien descubrió que Jerry estaba pasando por un desarrollo normal, aunque algo exagerado, de su interés sexual.

Muchos estados tienen líneas telefónicas de atención para casos de abusos infantiles, que aceptan investigar denuncias aunque la persona que llama no pueda dar razones para sospechar que la condición del niño sea debida a la conducta de los padres, o cuando el denunciante insiste en permanecer en el anonimato.

El propósito de las leyes de denuncia es proteger al niño, y aunque es mejor pecar por el lado de un exceso de denuncias, hay muchos que creen que el sistema de denuncias está fuera de control. Los adultos acusados de abuso, que en la mayoría de casos son padres, parientes y amigos, también tienen sus derechos, y pueden sufrir daños irreparables a su reputación si son víctimas de una falsa denuncia.

Existen maneras de hacer que las leyes sobre denuncia, y con ello los denunciantes, sean más responsables. Besharov sugiere que en primer lugar todas las leyes deben contener descripciones específicas de qué constituye abuso, antes que términos confusos como «en peligro» o «señales de abuso». Para el abuso sexual, la sola conducta, sin afirmaciones por parte del niño o de otra persona, no es suficiente para formular una denuncia. En el caso de Jerry antes mencionado, con toda seguridad hubiera sido mejor escoger otra vía, como hablar con los padres, antes que cursar una denuncia.