El político y el científico (4 page)

La cuarta categoría está constituida por una figura específicamente inglesa: un patriciado que agrupa tanto a la pequeña nobleza como a los rentistas de las ciudades y que es conocido técnicamente por el nombre de «gentry». Originariamente el príncipe se atrajo a este grupo social para oponerlo a los barones, y entregó a sus miembros los cargos del «self-government», para hacerse cada vez más dependiente de ellos con posterioridad. La «gentry» retuvo todos los cargos de la administración local, desempeñándolos gratuitamente en interés de su propio poder social. Así ha preservado a Inglaterra de la burocratización que ha sido el destino de todos los Estados continentales.

Una quinta capa, propia sobre todo del continente europeo y de decisiva importancia para su estructura política, fue la de los juristas universitarios. En nada se manifiesta con mayor claridad la poderosa influencia del Derecho Romano, tal como lo configuró el burocratizado Imperio tardío, como en el hecho de que sean los juristas universitarios los que llevan a cabo la transformación de la empresa política para convertirla en Estado racionalizado. También en Inglaterra ocurrió así, aunque allí las grandes corporaciones nacionales de juristas obstaculizaron la recepción del Derecho Romano. En ningún otro lugar del planeta se ha dado un fenómeno análogo. Ni los elementos de un pensamiento jurídico racional en la Escuela Mimamsa de la India, ni el culto al pensamiento jurídico antiguo en el Islam, pudieron impedir la sofocación del pensamiento jurídico racional por el pensamiento teológico. Sobre todo no lograron racionalizar por entero el procedimiento. Esto sólo se ha conseguido merced a la recepción por los juristas italianos de la antigua jurisprudencia romana, producto de una forma política totalmente única que nace como Ciudad-Estado para convertirse en Imperio mundial. Junto con esta recepción han coadyuvado también a ese fin, por supuesto, el Usus modemus de los canonistas y pandectistas de la Baja Edad Media y teorías jusnaturalistas, nacidas del pensamiento cristiano y secularizadas después. Los grandes representantes de este racionalismo jurídico han sido el podestá italiano, los juristas del rey, en Francia, que crearon los medios formales de que el poder real se valió para acabar con la dominación de los señores, los canonistas y teólogos jusnaturalistas del Conciliarismo, los juristas cortesanos y los ilustrados jueces de los príncipes continentales, los monarcómacos y los teóricos del Derecho natural en Holanda, los juristas de la Corona y del Parlamento en Inglaterra, la noblesse de robe de los Parlamentos franceses y, por último, los abogados de la época de la Revolución. Sin este racionalismo no son imaginables ni el Estado absoluto ni la Revolución. Tanto las representaciones de los Parlamentos franceses, como los Cahiers de los Estados Generales de Francia, desde el siglo XVII hasta 1789, están repletos del espíritu de los juristas. Al examinar la profesión de los miembros de la Convención francesa, elegidos todos ellos de acuerdo a las mismas normas, nos encontramos con un sólo proletario, muy escasos empresarios burgueses y una gran masa de juristas de todas clases, sin los cuales sería impensable el espíritu específico que animó a estos intelectuales radicales y a sus proyectos. A partir de entonces la figura del abogado moderno va estrechamente unida con la moderna democracia.

Y de nuevo nos encontramos con que abogados en este sentido, como un estamento independiente, existen sólo en Occidente y sólo desde la Edad Media cuando, bajo la influencia de la racionalización del procedimiento, empezaron a convertirse en tales los «intercesores» (Fürsprech) del formalista procedimiento germánico.

La importancia de los abogados en la política occidental desde que se constituyeron los partidos no es, en modo alguno, casual. Una empresa política llevada a cabo a través de los partidos quiere decir, justamente, empresa de interesados, y pronto veremos lo que esto significa. La función del abogado es la de dirigir con eficacia un asunto que los interesados le confían, y en esto, como la superioridad de la propaganda enemiga nos ha enseñado, el abogado es superior a cualquier «funcionario». Puede hacer triunfar un asunto apoyado en argumentos lógicos débiles y en este sentido «malo», convirtiéndolo así en asunto técnicamente «bueno» En cambio más de una vez, hemos tenido que presenciar cómo el funcionario metido a político convierte en «malo» con su gestión técnicamente «mala» un asunto que en ese sentido era «bueno». La política actual se hace, cada vez más, de cara al público y, en consecuencia, utiliza como medio la palabra hablada y escrita. Pesar las palabras es tarea central y peculiarísima del abogado, pero no del funcionario que ni es un demagogo ni, de acuerdo con su naturaleza, debe serlo y que, además, suele ser un pésimo demagogo cuando, pese a todo, intenta serlo. Si ha de ser fiel a su verdadera vocación (y esto es decisivo para juzgar a nuestro anterior régimen), el auténtico funcionario no debe hacer política, sino limitarse a «administrar», sobre todo imparcialmente. Esta afirmación es también válida, oficialmente al menos, para el funcionario político mientras no esté en juego la «razón de Estado», es decir, los intereses vitales del orden predominante. El funcionario ha de desempeñar su cargo «sine ira et studio», sin ira y sin prevención. Lo que le está vedado es, pues, precisamente aquello que siempre y necesariamente tienen que hacer los políticos, tanto los jefes como sus seguidores. Parcialidad, lucha y pasión (ira et studio) constituyen el elemento del político y sobre todo del caudillo político. Toda la actividad de éste, está colocada bajo un principio de responsabilidad distinto y aun opuesto al que orienta la actividad del funcionario. El funcionario se honra con su capacidad de ejecutar precisa y concienzudamente como si respondiera a sus propias convicciones, una orden de la autoridad superior que a él le parece falsa, pero en la cual, pese a sus observaciones, insiste la autoridad, sobre la que el funcionario descarga, naturalmente, toda la responsabilidad. Sin esta negación de sí mismo y esta disciplina ética en el más alto sentido de la palabra, se hundiría toda la máquina de la Administración.

El honor del caudillo político, es decir, del estadista dirigente, está, por el contrario, en asumir personalmente la responsabilidad de todo lo que hace, responsabilidad que no debe ni puede rechazar o arrojar sobre otro. Los funcionarios con un alto sentido crítico, tales como los que desgraciadamente han ocupado entre nosotros una y otra vez cargos directivos, son precisamente malos políticos, irresponsables en sentido político y por tanto, desde este punto de vista, éticamente detestables. Es esto lo que llamamos «gobierno de funcionarios», y no es arrojar mancha alguna sobre el honor de nuestro funcionariado el decir que, considerado desde el punto de vista del éxito conseguido, este sistema es políticamente nulo. Pero volvamos de nuevo a los diferentes tipos de políticos.

Desde la aparición del Estado constitucional y más completamente desde la instauración de la democracia, el «demagogo» es la figura típica del jefe político en Occidente. Las resonancias desagradables de esta palabra no deben hacer olvidar que no fue Cleón, sino Pendes, el primero en llevar este nombre. Sin cargo alguno u ocupando el único cargo electivo existente (en las democracias antiguas todos los demás cargos se cubrían por sorteo), el de estratega supremo, Pericles dirigió la soberana ecclesia del demos ateniense. La demagogia moderna se sirve también del discurso, pero aunque utiliza el discurso en cantidades aterradoras (basta pensar en la cantidad de discursos electorales que ha de pronunciar cualquier candidato moderno), su instrumento permanente es la palabra impresa. El publicista político, y sobre todo el periodista, son los representantes más notables de la figura del demagogo en la actualidad.

Sería totalmente imposible intentar en esta conferencia ni siquiera un esbozo de la sociología del periodismo moderno, tema que constituye, desde cualquier punto de vista que lo consideremos, un capítulo aparte. Nos son necesarias, sin embargo, unas pocas observaciones sobre el asunto. El periodista comparte con todos los demás demagogos, así como también (al menos en el Continente, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra y ocurría antes en Prusia) con el abogado y el artista, el destino de escapar a toda clasificación social precisa. Pertenece a una especie de casta paria que la «sociedad» juzga siempre de acuerdo con el comportamiento de sus miembros moralmente peores. Así logran curso las más extrañas ideas acerca de los periodistas y de su trabajo. No todo el mundo se da cuenta de que, aunque producida en circunstancias muy distintas, una obra periodística realmente «buena» exige al menos tanto espíritu como cualquier otra obra intelectual, sobre todo si se piensa que hay que realizarla con prisa, por encargo y para que surta efectos inmediatos. Como lo que se recuerda es, naturalmente, la obra periodística irresponsable, a causa de sus funestas consecuencias, pocas gentes saben apreciar que la responsabilidad del periodista es mucho mayor que la del sabio y que, por término medio, el sentido de la responsabilidad del periodista honrado en nada le cede al de cualquier otro intelectual. Nadie quiere creer que, por lo general, la discreción del buen periodista es mucho mayor que la de las demás personas, y sin embargo así es. Las tentaciones incomparablemente más fuertes que rodean esta profesión, junto con todas las demás condiciones en que se desarrolla la actividad del periodismo moderno, originaron consecuencias que han acostumbrado al público a considerar la prensa con una mezcla de desprecio y de lamentable cobardía. No podemos ocuparnos hoy de lo que habrá que hacer al respecto. Lo que aquí nos interesa es la cuestión del destino político de los periodistas, de sus posibilidades de llegar a puestos directivos. Hasta ahora esto sólo ha sido posible dentro del partido socialdemócrata, y aun dentro de él, los puestos de redactores eran más bien puestos de funcionarios y no escalones para conquistar una jefatura.

En los partidos burgueses, las posibilidades de llegar hasta el poder por este camino son ahora menores, en general, de lo que eran en la pasada generación. Naturalmente, todo político de importancia tenía necesidad de influencia sobre la prensa y de conexiones con ella, pero no cabía esperar que, salvo excepciones, salieran de entre sus filas los jefes de partido. La razón de esto hay que buscarla en la creciente falta de libertad del periodista, especialmente del periodista falto de recursos y en consecuencia ligado a su profesión, determinada por el inaudito incremento en actualidad e intensidad de la empresa periodística. La necesidad de ganarse el pan con artículos diarios o semanales es para el político una traba que dificulta sus movimientos, y conozco ejemplos de hombres nacidos para mandar a quienes esa necesidad ha frenado en el camino hacia el poder, creándoles inconvenientes externos y, sobre todo, obstáculos de orden interno. Cierto es que, bajo el antiguo régimen, las relaciones de la prensa con los poderes del Estado y de los partidos eran sumamente nocivas para el periodismo, y este tema requeriría un capítulo aparte. Cierto también que en los países enemigos estas relaciones eran muy otras. Pero también para ellos, como para todos los Estados modernos, parece válida la afirmación de que el trabajador del periodismo tiene cada vez menos influencia política, en tanto que el magnate capitalista de la prensa (del tipo, por ejemplo, de un «lord» Northcliffe) tiene cada vez más.

Entre nosotros, los grandes consorcios capitalistas de la prensa, que se habían apoderado sobre todo de los periódicos con «anuncios por palabras» (el típico «Generalanzeiger»), cultivaban con sumo cuidado la indiferencia política. Con una política independiente no tenían nada que ganar y corrían, en cambio, el riesgo de perder la benevolencia económicamente rentable de los poderes políticos establecidos. El negocio de los anuncios pagados ha sido así el camino por el que, durante la guerra, se intentó, y aparentemente aún continúa intentándose hoy, ejercer sobre la prensa una influencia política de gran estilo. Aunque hay que esperar que la gran prensa logrará sustraerse a esa influencia, la situación es mucho más difícil para los pequeños periódicos. En todo caso, y sea cual fuere su atractivo y su capacidad para dar a quien la sigue influencia, posibilidades de acción y, sobre todo, responsabilidad política, la carrera periodística no es actualmente (quizás debiera decirse que no es ya, o no es todavía) en nuestro país una vía normal para ascender a la jefatura política. Resulta difícil decir si esta situación cambiaría o no con el abandono del principio del anonimato, que muchos periodistas, aunque no todos ellos, consideran necesario. La experiencia que la prensa alemana nos ha ofrecido durante la guerra, confiando la «dirección» de ciertos periódicos a escritores calificados que firmaban siempre con su propio nombre, ha evidenciado con algunos casos bien conocidos que desgraciadamente no es tan seguro como podría pensarse que por este camino se consiga un más elevado sentido de la responsabilidad. Sin que quepa hacer diferencias entre los partidos, fueron en gran parte los periódicos de peor fama los que intentaron y consiguieron una mayor tirada siguiendo este camino. Las personas que así actuaron, editores y reporteros sensacionalistas, tal vez hayan conseguido de este modo dinero, pero seguramente no han conseguido honra. No cabe, sin embargo, apoyarse en esta experiencia para oponerse al principio; la cuestión es muy complicada y ese fenómeno no tiene validez general. Hasta ahora, no obstante, no ha sido este el camino hacia la auténtica jefatura o la empresa política responsable, y no puede predecirse cómo se configurarán las cosas en el futuro.

Lo cierto es que la carrera periodística Continúa siendo una de las más importantes vías para la profesionalidad política. Vía que no para todo el mundo es factible y menos que para nadie para los caracteres débiles, especialmente para aquellos que sólo logran su equilibrio interno cuando ocupan una situación estamental bien segura. Aunque también la vida del hombre de ciencia es en sus comienzos azarosa, éste encuentra en su entorno al menos una serie de convencionalismos estamentales definidos que le ayudan a no descarriarse. La vida del periodista, por el contrario, es azarosa desde todos los puntos de vista y está rodeada de unas condiciones que ponen a prueba la seguridad interna como quizás no lo hace ninguna otra situación. Y tal vez no sean lo peor de ella las experiencias frecuentemente amargas de la vida profesional. Son precisamente los periodistas triunfantes los que se ven situados ante retos especialmente difíciles. No es ninguna bagatela eso de moverse en los salones de los grandes de este mundo, en pie de igualdad con ellos y, frecuentemente incluso, rodeado de halagos, originados en el temor, sabiendo al mismo tiempo que apenas haya uno salido, tal vez el anfitrión tenga que excusarse ante sus demás invitados por tratar a los «pillos» de la prensa. Como tampoco es ciertamente ninguna bagatela la obligación de tenerse que pronunciar rápida y convincentemente sobre todos y cada uno de los asuntos que el «mercado» reclama, sobre todos los problemas imaginables, eludiendo caer no sólo en la superficialidad absoluta, sino también en la indignidad del exhibicionismo con todas sus amargas consecuencias. Lo asombroso no es que haya muchos periodistas humanamente descarriados o despreciables, sino que, pese a todo, se encuentre entre ellos un número mucho mayor de lo que la gente cree de hombres valiosos y realmente auténticos. Mientras que el periodista como tipo de político profesional tiene ya un pasado apreciable, la figura del funcionario de partido se ha desarrollado solamente en los últimos decenios y, en parte, sólo en los últimos años. Tenemos que dirigir ahora nuestra atención a los partidos y a su organización para comprender esta figura en su evolución histórica.